La represión durante la Guerra Civil y el franquismo

Represión durante la Guerra Civil y el Franquismo

Durante la Guerra Civil, la represión fue violentísima en ambos bandos hacia los simpatizantes del bando contrario. En el bando republicano hacia religiosos, propietarios, empresarios y políticos de derechas, con un carácter muy descoordinado, dada la atomización de las fuerzas políticas y sociales que lo formaban y la falta de autoridad del Gobierno; en el bando nacional hacia sindicalistas, intelectuales, masones, políticos republicanos, de izquierdas y nacionalistas periféricos (maestrillos, mediquillos, abogadillos y demás chusma roja, se llegaba a enumerar), con una mayor coordinación y eficacia represora.

Véase también: Víctimas de la Guerra Civil Española, Víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española, Depuración del Magisterio español tras la Guerra Civil Española, y Anexo:Imputados por el Juez Garzón en la causa contra el Franquismo
Existen dos categorías donde aparecen los artículos dedicados a las víctimas de la represión durante la guerra civil:

Víctimas de la represión en la zona republicana
Víctimas de la represión en la zona franquista

Desde 1939, durante la primera etapa del franquismo, la condición de Estado Totalitario convertía cualquier actividad política fuera de Falange o sindical fuera del sindicato vertical en un acto de oposición al franquismo, y sujeta a la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. La Conspiración Judeo-Masónico-Comunista-Internacional era una de las obsesiones personales de Franco, que la creía responsable de todos los fracasos históricos de la nación española desde Felipe II, y desde luego, de la Guerra Civil. La solución era someter a una férrea represión a todo lo que sonara antiespañol.

Campos de concentración, condenas a muerte ejecutadas o conmutadas en largas condenas de cárcel, trabajos semiesclavos, fueron la suerte de miles de republicanos capturados tras la guerra. El exilio republicano, tanto el de los que huyeron como el llamado exilio interior de los perdedores que llevaron una vida oscura en España, es la otra cara de la represión.

El debate historiográfico sobre las cifras de la represión durante la Guerra y la Posguerra sigue vivo, y hasta en las cunetas puede encontrarse su huella. Se sigue discutiendo si hay o no que desenterrar a Federico García Lorca y muchos otros. Lo que se ha venido en llamar Recuperación de la Memoria Histórica es objeto aún en la actualidad de debates mediáticos y parlamentarios (Ley de extensión de derechos a los afectados por la Guerra Civil y la Dictadura, presentada por el Gobierno en el 2006 y aprobada por el Parlamento en el 2007).

La institucionalización de la represión

El estado de guerra en el bando republicano no fue declarado hasta casi perdida ésta, para evitar el protagonismo de los militares, mientras que en el bando nacional fue prolongado hasta bien entrados los años cuarenta (justificado por la Segunda Guerra Mundial y los maquis) para conseguir eso mismo. Esa circunstancia explica que bajo el franquismo, el ejército, a través de sus unidades (entre las que puede contarse la Guardia Civil) y de los tribunales militares fue desde la guerra civil la institución encargada de la actividad represora. Los miembros encuadrados en el Movimiento Nacional (que se podía ver como una organización paramilitar) también podían dedicarse puntualmente a acciones violentas, como lo había hecho la Falange de la República (la de la dialéctica de los puños y de las pistolas de José Antonio Primo de Rivera) en emulación con los grupos de izquierda.

Los tribunales militares establecen jurisprudencia en la represión y todos aquellos que se opusieron a la rebelión militar de Franco eran, paradójicamente, reos del delito de rebelión militar. Con la Ley de Responsabilidades Políticas de 29 de febrero de 1939, se amplía el espectro de los delitos. Por la Ley de 2 de marzo de 1940 se crea un Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo con el propósito de reprimir las organizaciones de oposición al franquismo. En 1944 se incluyen en el Código Penal otros delitos: la huelga, asociación ilegal, propaganda ilegal y reunión ilegal.

El asentamiento del Estado Nacional de Franco hizo que fuera necesario una institucionalización de la actividad represora, para la que se crearon específicamente dos instituciones principales: el Tribunal de Orden Público (TOP), y la Brigada Político Social.

Los delitos políticos y sindicales que habían sido juzgados por Tribunales Militares o por jurisdicciones especiales pasaron a serlo por el Tribunal de Orden Público (TOP) desde diciembre de 1963, el cual se va a convertir en el principal instrumento represivo de la actividad sindical y política de la etapa final de la dictadura y persistiendo hasta el 4 de enero de 1977.

La Brigada Político Social, además de los servicios de inteligencia militar, formaba parte de un sistema de información y represión en encuadrada en una policía renovada como Policía Armada (los popularmente llamados grises por el color de su uniforme y que eran los más visibles en la calle).

La Guardia Civil, que se había destacado durante la Guerra Civil como un cuerpo fiel al bando nacional, completaba el esquema con su tradicional despliegue territorial. Sacerdote, Guardia Civil y Alcalde (que era a la vez jefe local del Movimiento) solían coordinarse para emitir certificados de adhesión al Movimiento Nacional, de buenas costumbres, o bien de todo lo contrario, y ejercían el control sobre la población a una escala muy detallada, sobre todo en las zonas rurales.

La suavización de la actividad represora, que se produjo con altibajos a lo largo de los cuarenta años de franquismo, no significó que las actividades de la oposición al franquismo dejaran de producir detenciones, palizas, torturas, condenas de cárcel y apartamientos de la vida pública que podían considerarse como muertes civiles. En cuanto a las de verdad, hasta los últimos consejos de ministros se siguieron dando por enterado de cada pena de muerte.

La represión durante la Guerra Civil

Durante los primeros días, unas 50.000 personas que quedaron atrapadas en el bando contrario fueron ejecutadas mediante los llamados paseos. Estos eran realizados por grupos armados que iban a buscar a la gente a sus casas o las cárceles donde se hallaban presos y bajo el eufemismo de vamos a dar un paseo los llevaban a cualquier carretera o a las tapias del cementerio y los ejecutaban.

Posiblemente el más divulgado, por la personalidad del ejecutado, de tales ajusticiamientos, entre los llevados a cabo por el bando nacionalista, sea el del poeta y dramaturgo Federico García Lorca en el barranco de Víznar en Granada. También adquirió gran relevancia la masacre de Badajoz, perpetrada por las tropas sublevadas tras la toma de la ciudad. Por parte del bando republicano se puede citar el caso de los presos sacados de las cárceles de Madrid (entre los que se encontraba el dramaturgo Pedro Muñoz Seca) y ejecutados en la localidad de Paracuellos, hecho que se asocia con la figura de Santiago Carrillo, responsable de Orden Público en aquellos días.

En el contexto de la guerra fueron muchos los que se aprovecharon para realizar tan macabros actos, a veces por venganza sin relación con la propia contienda, y cuando una zona caía en manos de uno u otro bando, no tardaban en llegar los paseos. Especialmente cruel para la población fue el caso de las localidades que fueron intermitentemente ocupadas por ambos bandos, con las consiguientes y repetidas ejecuciones y venganzas.

En la zona bajo control de la República, los enfrentamientos entre milicias y facciones opuestas también sirvieron de coartada a episodios de represión sangrientos, como en el caso de los levantamientos populares de Barcelona en mayo de 1937.

El militar Ramón Salas Larrazábal estudió las cifras de víctimas que pudieron morir en estas retaguardias. Consideró, según sus estudios que todas las víctimas fueron inscritas en los Registros Civiles, haciendo un cálculo aproximado de las muertes de la Guerra. En el Anexo:Mortalidad en la Guerra Civil Española, por inscripción en juzgados, se puede ver un resumen de sus conclusiones. Sin embargo en estudios posteriores, y por ejemplo, en Navarra que el consideraba lugar testigo, se ha podido comprobar que las víctimas de la represión eran muy superiores a las cifras que él había calculado.