Tras los atentados, se creó la Oficina de Atención a las Víctimas. Un año después, ésta había indemnizado a 851 víctimas por un total de 44.219 millones de euros. También concedió 449 tarjetas de residencia a víctimas y 451 a sus familiares, de los 2.590 que las solicitaron.
Por su parte, la Comisaría General de Extranjería y Documentación recogió hasta el 1 de mayo de 2004, 1.209 solicitudes de nacionalidad, que remitió a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
La mayoría de familiares y víctimas de dichos atentados se unió a la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo que presidiría Pilar Manjón. Meses más tarde se fundó la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presidida por Ángeles Domínguez a la que se unieron algunas víctimas afines a la de Francisco José Alcaraz quien presidía la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) asociación a la cual también acudieron unos pocos afectados. La asociación de Manjón insistió en la responsabilidad de José María Aznar y de su gobierno, por haber implicado a España en la Guerra de Iraq.
Zapatero nombró a Gregorio Peces-Barba (ex Presidente del Congreso de los Diputados, rector de la Universidad Carlos III y militante del PSOE) como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
La fractura social
Mientras en democracias más antiguas como Estados Unidos y Gran Bretaña, atentados similares (11-S y 7-J, respectivamente) no produjeron apenas fractura social, sino que unieron a la sociedad civil en torno a sus instituciones, en España tuvo lugar el cenit de la tensión social y política que se había ido incrementando durante la segunda legislatura de Aznar (Véase VII Legislatura de España).
Este fenómeno, denominado "agrupamiento tras la bandera", no se produjo en el caso español, debido entre otros factores, y según los expertos en terrorismo, a la mala gestión de la crisis llevada a cabo por el entonces presidente José Mª Aznar (mala gestión demostrada también en otras emergencias a que tuvo que hacer frente, como el accidente del Prestige o del Yakolev 42).
Ruptura del Pacto Antiterrorista
Tras los atentados se rompió de facto el Pacto Antiterrorista que el PP y el PSOE habían firmado, pues éste prohibía expresamente el uso electoralista de los atentados. El PSOE acusó entonces al PP de mentir y manipular, mientras que el PP lo acusaría a su vez de instigar y participar en las manifestaciones contra las sedes y miembros del PP.
Influencia en las elecciones
Existe la teoría, ampliamente aceptada, de que el resultado electoral se vio influido por los atentados que tuvieron lugar tres días antes en Madrid. Hay dos posturas a este respecto:
Una de ellas afirma que los atentados dieron un vuelco a las elecciones. Según esto, un gran número de votantes cambiaron finalmente su voto a favor del PSOE, a causa de su irritación y el descontento que les producía la supuesta manipulación informativa del gobierno y su política exterior. El hecho de que los atentados de Madrid hubieran podido producirse en respuesta al apoyo español a la invasión de Iraq, contra la cual se había manifestado masivamente el pueblo español, debió servir como catalizador recuperando todo el descontento acumulado desde entonces. Contra esto, y ya en semanas posteriores, algunos miembros del PP han argumentado que estos actos terroristas estaban planeados desde antes de la invasión.
Otra hipótesis es que los atentados únicamente mejoraron los resultados de los socialistas, pero no dieron el vuelco, porque el PSOE hubiera ganado de todos modos o, por lo menos, el PP no hubiera conseguido la mayoría absoluta que necesitaba para gobernar habida cuenta de la situación de desencuentro que mantenía con el resto de fuerzas políticas.
En lo que sí parece coincidir todos los análisis es que los atentados actuaron como revulsivo entre muchos de los indecisos y entre ciudadanos tradicionalmente abstencionistas, aunque más cercanos a la izquierda, que ese día acudieron masivamente a las urnas incrementando la participación por encima de toda previsión, provocando la victoria clara del PSOE.
La veracidad de una u otra hipótesis resulta imposible de probar dado que no existe manera de saber cuales hubiesen sido exactamente los resultados de no haberse producido los atentados. Lo cierto es que en los últimos sondeos previos presentados el sábado anterior daban una victoria justa para el PP con pérdida de mayoría absoluta pero asimismo arrojaban otra duda ya que se apreciaba de nuevo un cierto crecimiento en el voto al PSOE. Resulta imposible de medir en qué medida se disparó esa tendencia a partir del jueves ya que la última semana antes de las elecciones España tiene prohibida por ley la realización de sondeos electorales.
Sin embargo es sabido que todos los atentados terroristas cometidos a lo largo de la historia tienen una componente de arma política.
El asesinato del archiduque Francisco Fernando (1914), heredero del imperio Austro-Húngaro por el grupo terrorista serbio la mano negra, el de Carrero Blanco (1973) por ETA, los atentados de ETA en las proximidades de elecciones territoriales (1998) o nacionales (2000) o los atentados en Iraq en la jornada de elecciones (2005) son algunos de los ejemplos más claros en los que los terroristas buscaban efectos políticos. En ciertas ocasiones los consiguieron y en otras consiguieron justo el efecto contrario al buscado.
En el caso del 11-M el atentado se produjo tres jornadas antes de las elecciones nacionales del 14 de marzo, buscando posiblemente influenciar el resultado de las mismas.
Según el informe policial de conclusiones terminado el 3 de julio de 2006, remitido al juez Juan del Olmo e incorporado al sumario judicial del 11-M, entre el magma de objetivos y amenazas por parte del islamismo internacional que los ejecutores materiales del atentado tomaron como inspiración, un documento de Global Islamic Media (una página web consultada por los ejecutores del atentado) planteaba en el caso español una serie de objetivos estratégicos:
Provocar un cambio de gobierno
Conseguir la retirada de las tropas españolas y por contagio o reiteración de las acciones terroristas, en otros países.
El aislamiento de las tropas estadounidenses
Aunque es difícil asegurar cual fue el efecto conseguido por los atentados, pueden servir como indicador del mismo las encuestas encargadas por los medios de comunicación la semana anterior. Todas ellas daban como ganador al PP variando solo en el porcentaje de personas (de un 59% a un 70%) que opinaban que ganaría este partido (frente a un 6-12 % de personas que pensaban que vencería el PSOE). Las encuestas posteriores al 14-M indicaban que el 64% de las personas creían que "el PSOE no hubiera ganado las elecciones si no hubieran tenido lugar los acontecimientos del 11-M" (frente a un 23% que opinaban lo contrario).
La diferencia entre los partidos mayoritarios había ido experimentando un sostenido descenso a medida que se acercaba el día de las elecciones. En los primeros días de marzo estaba cifrada en aproximadamente 5 puntos a favor del PP. Sin embargo, había encuestas que reducían esta ventaja a apenas 2,5 puntos. obteniendo finalmente el PSOE una diferencia de 7 puntos en el resultado de las elecciones, un 12% de diferencia frente a las previsiones. Nunca se había dado una diferencia tan grande entre las encuestas y el resultado final.
Otro indicador útil podría ser el voto por correo, emitido antes de los atentados. Esos votos daban como vencedor al PP (44,9%) frente al PSOE (36,1%), con datos muy similares a las encuestas previas a los atentados citadas.
La cuantificación de la influencia política es algo evidentemente difícil. Un análisis que cuantifica esa influencia indicó varios aspectos, resumidos en los siguientes efectos sobre los votantes:
La activación de 1.700.000 votantes movidos por el atentado y el clima provocado en los días posteriores, La decisión de no votar de 300.000 votantes por los mismos motivos y La conversión del voto de 1.100.000 votantes. El número de votantes en esas elecciones fue el más alto de la historia de la democracia española (con 25 millones) en número, pero no en el porcentaje de votantes (74%) que participaron en las mismas con respecto al censo electoral total (1977 - 78%, 1982 - 78%, 1993 - 76%, 1996 - 78%). Un porcentaje tan elevado solo se da en condiciones de lo que se ha dado en llamar vuelco electoral o deseo de cambio.
Otra influencia importante de los atentados en las elecciones fue el del llamamiento del "voto útil" que provocó la polarización más importante en unas elecciones nacionales. De hecho el 82% de los votos se repartieron entre el PSOE (10.909.687) y el PP (9.630.512). El total de los otros partidos sumaron 3.827.501 votos. El PSOE logró el mayor número de votos jamás logrado en unas elecciones nacionales, y aun así no obtuvo la mayoría absoluta debido al gran número de votos obtenido por el PP.
Las hipótesis que se han planteado para explicar el efecto producido en las elecciones son cuatro, a saber:
La existencia de un deseo latente de cambio de gobierno, La conmoción provocada por los atentados en los ciudadanos, Un castigo al gobierno por la participación en la guerra de Irak y La manipulación informativa llevada a cabo por el Gobierno y contra el Gobierno. Todas ellas son necesarias para conseguir el efecto que se produjo en las elecciones.
En otras ocasiones (EE. UU., Reino Unido) se ha producido el efecto inverso, el llamado agrupamiento tras la bandera. En esas ocasiones la gestión de la emergencia se llevó a cabo siguiendo estrictos procedimientos políticos que no se dieron en España. Las claves en la gestión de una emergencia como la del 11-M son:
Informar puntualmente a los medios de comunicación de los avances en la investigación policial, sin adornos, añadidos ni recortes. Es importante que los informadores de esos avances sean personas de gran confianza por parte del público, a ser posible, miembros de las FCSE o investigadores forenses que además formen parte del gabinete de emergencia. Los miembros del gobierno no deben involucrarse en la interpretación de los datos, sino solo apoyar a las instituciones estatales y sus investigaciones. Deben seguirse estrictamente los procedimientos de emergencias graves, reuniendo a los gabinetes previstos para las mismas y seguir puntualmente sus consejos. Toda la información, sin excepción, propagada por los medios de comunicación, nacionales o internacionales, deberá ser analizada rigurosamente e introducida en los informes del gabinete de emergencia. Ninguno de estos puntos fue correctamente aplicado por el gobierno en los días posteriores al atentado:
El presidente del gobierno nunca convocó al gabinete de emergencia previsto, sino que formó un gabinete de emergencia improvisado y diferente. La información de las investigaciones policiales era suministrada directamente por un miembro del gobierno (Concretamente el Ministro de Interior Ángel Acebes y el Ministro Portavoz del Gobierno Eduardo Zaplana). No se tuvieron en cuenta las distintas hipótesis utilizadas en otros medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros para ser incorporadas a los análisis. Hubo información policial suministrada antes por los medios de comunicación que por el propio gabinete de emergencia.
Investigaciones posteriores
Sumario judicial
Las investigaciones sobre los atentados permanecen abiertas y son actualmente dirigidas por el juez Eloy Velasco que ha sustituido a Juan del Olmo, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6. Continúan instruyéndose cinco diligencias separadas relacionadas con el Sumario 20/2004, ya concluido. Moutaz Almallah Dabas, ha sido el primer procesado tras el primer juicio con ocasión de los atentados. Asimismo, se espera que Abdelilah Hriz, Hicham Ahmmidan y Saad Huseini sean juzgados en los próximos meses en Marruecos por su presunta relación con los ataques.
Permanecen huidos Amer Azizi, Mohamed Belhadj, Said Berraj, Mohamed Afalah y Daoud Ouhnane. La investigación estima, no obstante, que alguno de los citados podría haber muerto en Iraq. Además, cinco perfiles genéticos "especialmente relevantes" permanecen aún sin identificar.
En relación con la investigación judicial posterior a los atentados, pueden señalarse los siguientes hitos:
El 26 de marzo de 2004 la policía halla una finca ubicada en el término municipal de Chinchón, cerca de Morata de Tajuña, donde supuestamente se montaron las bombas y se activaron los teléfonos móviles utilizados en siete de los artefactos.
El 2 de abril de 2004 es desactivada una bomba colocada en la vía del AVE Madrid - Sevilla a su paso por la localidad de Mocejón (Toledo). Personas indeterminadas dejaron un artefacto en la línea férrea del AVE entre las 7.20 y las 10.15. Su investigación se encuentra en la actualidad sobreseída provisionalmente y archivada.
El 15 de abril de 2004 la cadena de televisión Al Jazeera emite la grabación de un mensaje de Osama bin Laden en la que asegura que los atentados del 11-M son una represalia contra España por sus acciones en Irak, Afganistán y Palestina.
El 6 de mayo de 2004, el FBI arrestó en Portland, Oregón, Estados Unidos, al abogado estadounidense Brandon Mayfield, converso al Islam, al determinar que era suya una huella dactilar encontrada por los investigadores españoles en la mochila con explosivos que no estalló; sin embargo, el Gobierno español anunció el 21 de mayo siguiente que la huella pertenecía al ciudadano argelino Daoud Ouhnane.
El 8 de junio de 2004 fue arrestado en Milán Rabei Osman el Sayed Ahmed, alias 'Mohamed el Egipcio', inicialmente sería considerado como uno de los "cerebros" o ideólogos del 11-M. Condenado en Italia a 8 años de prisión como responsable de asociación para delinquir con fines de terrorismo internacional, sería, en cambio, absuelto en España de todos los cargos de los que se le acusaba.
El día 13 de junio de 2004 es localizado en la calle Infantado de Alcalá de Henares un vehículo Skoda Fabia supuestamente empleado por la célula terrorista junto a la furgoneta Renault Kangoo hallada el mismo día del atentado.
El 16 de noviembre de 2004 fue condenado Gabriel Montoya Vidal, de 16 años de nacionalidad española a a seis años de internamiento en régimen cerrado por un delito de suministro de explosivos a grupo terrorista.
El 17 de diciembre de 2004 el marroquí Hassan el Haski alias Abu Hamza es detenido en Lanzarote, la instrucción le consideraría como el líder en España del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM). Ha sido condenado en España a 14 años de prisión, siendo posteriormente extraditado a Marruecos para ser juzgado por sus presuntos vínculos con el atentado de Casablanca (Marruecos) de 2003.
El 1 de febrero de 2005 fue detenido en Bélgica Youssef Belhadj, también considerado como miembro del GICM, la instrucción le atribuiría el alias de 'Abu Dujan', la persona en cuyo nombre la célula reivindicó los atentados, pero dicho extremo no fue acreditado en el juicio oral en el que se le condenó a 12 años de prisión por pertenencia a organización terrorista.
El 15 de junio de 2005 Mohamed Larbi Ben Sellam es detenido en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), dentro de la denominada Operación Sello.
El 23 de julio de 2005 sería igualmente detenido en Serbia Abdelmajid Bouchar, quien había logrado escapar del cerco policial al piso de Leganés en abril de 2004.
El 10 de mayo de 2006 Saed el Harrak queda en libertad tras dos años de prisión provisional al no haberse revisado a tiempo su situación. Juan del Olmo, sería sancionado por ello con falta leve.
El 28 de febrero de 2007 Juan Del Olmo decreta la prisión incondicional para Abdelilah Hriz al considerarlo autor material de los atentados. Hriz se halla actualmente preso en Marruecos a la espera de ser juzgado.
El 20 de septiembre de 2008 Moutaz Almallah Dabas es procesado por colaboración con organización terrorista.
Auto de procesamiento
El martes 10 de abril de 2006 el magistrado de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, concluye que el atentado fue inspirado pero no ejecutado por la red Al-Qaeda justificando la acción en la participación española en la Guerra de Iraq.
El juez instructor determina la existencia de dos grandes redes en la investigación. "Una que tuvo participación, más o menos directa en los hechos (...) y otra que habría intervenido en la huida de los reclamados y que aparentemente también presentaría conexiones con el entramado terrorista islámico en España, fundamentalmente con el GICM. Ambas redes presentarían conexiones comunes, por diferentes individuos o puntos de contacto, todos ellos vinculados también al GICM, entendido máximo referente del Movimiento Salafista Yihadista en nuestro país."
Tras más de dos años de investigaciones, el auto de procesamiento incluyó finalmente a 29 de los 116 imputados en la causa. Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar fueron procesados por 191 asesinatos terroristas, 1.755 en grado de tentativa, 4 delitos de estragos terroristas y por pertenencia a organización terrorista. Bouchar, sería, no obstante, condenado finalmente sólo por integración en banda armada, organización o grupo terrorista y por tenencia o depósito de sustancias explosivas.
Nueve españoles fueron procesados por su vinculación a la denominada por los medios de comunicación 'trama asturiana', que habría suministrado los explosivos, y que estaría encabezada por el ex minero José Emilio Suárez Trashorras. Finalmente, sólo serían condenados el citado Suárez Trashorras; Antonio Toro Castro por tráfico de explosivos; y Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis Palicio por transporte de explosivos. A los que habría que sumar la condena de Gabriel Montoya Vidal, en un proceso independiente, por un delito de suministro de explosivos a grupo terrorista.
Rabei Osman 'Mohamed El Egipcio', Hassan el Haski y 'Youssef Belhadj, considerados los ideólogos del atentado, fueron procesados por conspiración para delito terrorista. La sentencia condenó a los dos últimos a 15 (rebajada a 14 en casación) y 12 años de cárcel respectivamente por pertenencia a banda armada, el primero en condición de dirigente. En cambio, Rabei Osman 'Mohamed El Egipcio', que ya cumplía condena en Italia por el mismo delito, fue absuelto en aplicación del principio non bis in idem). A todos ellos se les exculpó de la participación directa en el atentado.
Procesamiento de Moutaz Almallah Dabas
El 20 de septiembre de 2008 se hizo público el auto de procesamiento contra Moutaz Almallah Dabas, por colaboración con organización terrorista. Almallah Dabas, sirio nacionalizado español, fue detenido en Londres el 18 de marzo de 2005 y entregado por la justicia británica en marzo de 2007.
El auto de procesamiento, dictado por el Magistrado Eloy Velasco, señala que que la colaboración de Moutaz se produjo con el "entramado terrorista en la banda comandada por Serhane 'El Tunecino', y que de seguro influyó en el posterior entramado que concluyó en el atentado del 11-M y posteriores suicidios de Leganés".
Juicio por los atentados
Sentencia 65/2007 (Sumario número 20/04)
La sentencia relata en sus Hechos Probados que:
"Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, Jamal Ahmidan, alias El Chino, Mohamed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa, Asrih Rifaat Anouar, Allekema Lamari y una octava persona que no ha sido identificada, junto con otras que se dirán (Jamal Zougham y Otman el Gnaoui), en la mañana del día 11 de marzo de 2004 colocaron, en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid, trece artilugios explosivos de iniciación eléctrica compuestos por dinamita plástica y detonador alimentados y temporizados por un teléfono celular o móvil.
Los nombrados, sobre las 21 horas del día 3 de abril de 2004, ante la inminencia de su detención por la policía, que les tenía cercados en la vivienda que ocupaban en la calle Martín Gaite núm. 40, piso 1º A, de Leganés, decidieron suicidarse detonando varias cargas de dinamita de la marca Goma 2 ECO que, además de causarles la muerte a ellos, mataron al subinspector del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía don Francisco Javier Torronteras.
Los ocho ocupantes del piso junto con los procesados Rabei Osman Al Sayed Ahmed, Hassan El Haski, Youseff Belhajd, Abdelmajid Bouchar, Jamal Zougham, Basel Ghalyoun, Otman el Gnaoui, Gnaout o Kanoui, Mohamed Larbi Ben Sellam, Rachif Aglif, Mohannad Almallah Dabas, Fouad el Morabit Anghar, Mohamed Bouharrat, Saed el Harrak y Hamed Ahmidan, son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista que, por lo que ahora interesa, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental, sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria."
La sentencia absolvió a siete de los 29 procesados, otro más fue exculpado durante el juicio oral, condenando a penas de miles de años de prisión a Otman El Gnanoui (42.919), Jamal Zougam (42.917) y José Emilio Suárez Trashorras (34.715).
La sala no halló pruebas, sin embargo, para condenar como autores intelectuales (autores de un delito de conspiración para delito terrorista) a ninguno de los tres procesados a los que la Fiscalía atribuía esta condición: Rabei Osman El Sayed, "Mohamed el Egipcio", Hassan El Haski y Youssef Belhadj.
La sentencia avala la instrucción de Juzgado de Instrucción y descarta la participación de ETA en los ataques. En relación con el explosivo empleado, el Tribunal determinó que "toda o gran parte de la dinamita de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés, más la hallada en el desescombro posterior, procedía de mina Conchita". "(...)El explosivo utilizado por los terroristas fue, en todos los casos, dinamita plástica "tipo goma". La Audiencia no entra a valorar las motivaciones del atentado, o la posible incidencia de la participación de España en la Guerra de Iraq o Afganistán.
Sentencia 503/2008 del Tribunal Supremo
La sentencia 65/2007 fue impugnada por el Ministerio Fiscal, dos asociaciones de víctimas y por particulares. Estos recursos fueron revisados por el Tribunal Supremo en vistas celebradas los días 30 de junio de 2008, 1 y 2 de julio del mismo año, dictando sentencia el día 17 de julio de ese año. En esa sentencia se recoge que, aunque la reivindicación de la autoría de los atentados presenta una dependencia ideológica respecto de Al Qaeda, no aparece relación alguna con otros grupos o dirigentes de esa organización, por lo que se considera que esa célula no dependía de ningún grupo terrorista pudiendo ser identificada, a efectos penales, como grupo terrorista independiente.
Sobre otros acusados, entre los que se citan a Hassan El Haski y Youssef Belhadj, que fueron condenados en primera instancia por su pertenencia a "otras organizaciones terroristas, también dentro de la órbita ideológico-religiosa de Al Qaeda", el Tribunal no considera acreditada ninguna relación con los atentados del 11 de marzo de 2004 ni con las actividades de los ocupantes del piso de Leganés.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ratificó las condenas de Otman El Gnanoui (42.922 años de prisión), Jamal Zougam (42.922 años), José Emilio Suárez Trashorras (34.715 años y seis meses de prisión), Abdelmajid Bouchar (18 años), Rachid Aglif (18 años), Hassan El Haski (14 años), Youssef Belhadj (12 años), Hamid Ahmidan (12 años), Fouad El Morabit (12 años), Mohamed Bouharrat (12 años), Saed El Harrak (12 años), Rafa Zouhier (10 años), Mohamed Larbi Ben Sellam (9 años), Sergio Álvarez (3 años), Antonio Iván Reis Palicio (3 años), Mamoud Slimane Aoun (2 años) y Nasreddine Bousbaa (2 años).
Decidió, en cambio, absolver a Basel Ghalyoun y Mouhanad Almallah Dabbas (que habían sido condenados por la Audiencia Nacional a 12 años), a Abdelillah El Fadual El Akil (que había sido condenado en primera instancia a 9 años) y a Raúl González (que había sido condenado a 5).
Por el contrario, condenó a Antonio Toro Castro (4 años de prisión) como autor de un delito de tráfico de explosivos.
Asimismo, el Tribunal Supremo acordó mantener las absoluciones de Rabei Osman El Sayed alias "Mohamed El Egipcio", Emilio Llano, Iván Granados, Javier González Díaz, Carmen Toro, Mohamed Moussaten y Brahim Moussaten.