Los últimos fusilamientos del franquismo

Los últimos fusilamientos del franquismo acontecieron el 27 de septiembre de 1975 en varias ciudades españolas (Madrid, Barcelona y Burgos). Fueron ejecutados los militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz junto a los militantes de ETA Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui. Estas fueron las últimas ejecuciones del régimen franquista, poco antes de la muerte del dictador. Esta muertes levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular.

Antecedentes históricos

A finales del verano del año 1975, había pendientes diversos Consejos de guerra y varias condenas a muerte en ciernes. Garmendia y Otaegui por un lado, además del sumario militar de la calle Correo de Madrid, que involucraba a los procesados Eva Forest, Durán y María Luz Fernández. Otros procesos seguían su marcha como el del atentado contra Carrero Blanco, y otros casos contra miembros del FRAP por la manifestación del 1 de Mayo del 73 en la que murió un policía.

La condena e intentos para evitar los fusilamientos

El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre confirma las penas de muerte de cinco encausados. Hay varias protestas de abogados en el Colegio de Abogados de Barcelona y se realizan gestiones con el Vaticano. Se les aplicó con carácter retroactivo el Decreto Ley Antiterrorista aprobado el 22 de agosto, durante un Consejo de ministros presidido por Fran Franco. La norma fue promulgada para aplicársela a ellos. Uno de sus artículos prorrogaba el plazo de detención de 3 a 5 días, y hasta a 19 días con autorización judicial, lo que ofrecía más facilidades para la policía en los interrogatorios. También se abría la posibilidad de celebrar juicios sumarísimos, en 24 horas, contra civiles.

Joaquín Ruiz Giménez, que fue embajador en el Vaticano, envió un mensaje a Pablo VI. El hermano de Franco (Nicolás Franco), le escribió pidiéndole que reconsiderara su decisión. La madre de Otaegui, visitó al cardenal Jubany, al obispo Iniesta y al cardenal Vicente Enrique Tarancón. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre conmutó la pena de muerte a otros seis de los condenados por 30 años de reclusión.

La ejecución

En Barcelona, fue ejecutado Juan Paredes Manot, Txiqui, de 21 años, y en Burgos, Ángel Otaegui, de 33. Ambos, acusados de pertenecer a ETA. En Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24, miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

En Hoyo de Manzanares los fusilamientos lo hicieron tres pelotones compuestos cada uno por diez guardias civiles o policías, un sargento y un teniente, todos voluntarios. A la 9.10, los policías fusilaron a Ramón García Sanz. A los 20 minutos, a José Luis Sánchez Bravo y poco después a Humberto Baena. A las 10.05 todo había concluido. No pudo asistir ningún familiar de los condenados, pese a ser "ejecución pública", según marcaba la ley.

Los cadáveres de los tres miembros del FRAP fueron enterrados la misma mañana de su ejecución en Hoyo de Manzanares. Los restos de Sánchez Bravo serían trasladados, posteriormente, a Murcia, y los de Ramón García Sanz, al cementerio civil de Madrid.

La pena capital o pena de muerte consiste en la ejecución de un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación; los delitos a los cuales se aplica esta sanción penal suelen denominarse crímenes o delitos capitales.

Reacciones y protestas

Cuando el viernes 26 de septiembre el Consejo de Ministros por unanimidad y siguiendo las directrices de Francisco Franco aprueba el fusilamiento de cinco los once condenados a pena de muerte se produce una inmensa conmoción. Franco había ignorado todas las peticiones de clemencia que le habían llegado, desde el Papa Pablo VI hasta su hermano Nicolás Franco pasando por el primer ministro sueco Olof Palme o el presidente de México Luis Echeverría Álvarez. Los titulares de la prensa española proclamaban la generosidad del régimen por haber indultado a seis de los once condenados. Bajo el título Hubo clemencia la prensa se plegaba a las consignas del régimen sin que se oyera una palabra disonante.

En el País Vasco se decretaba una Huelga General en pleno Estado de Excepción que era seguida mayoritariamente, por las diferentes ciudades españolas se multiplicaban los paros y las protestas y en el mundo el clamor contra las ejecuciones no cesaba.

Las irregularidades de los procesos realizados ya habían sido denunciadas por el abogado suizo Chistian Grobet que había asistido como observador judicial al consejo de guerra de Txiki en nombre de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre en cuyo informe del 12 de septiembre dice:

jamás el abajo firmante, desde que sigue los procesos políticos en España, ha tenido una impresión tan clara de asistir a un tal simulacro de proceso, en definitiva a una siniestra farsa, si pensamos un momento en el provenir que les aguarda a los acusados
El presidente mexicanos Luis Echeverría pide la expulsión de España de las Naciones Unidas, 12 países occidentales retiran sus embajadores de Madrid. Las embajadas españolas de diversas ciudades son atacadas por los manifestantes quemándose la de Lisboa.

La respuesta del régimen es la convocatoria de una manifestación de adhesión en la madrileña plaza de Oriente, manifestación preparada por el teniente coronel José Ignacio San Martín, en la que Francisco Franco, físicamente muy debilitado, acompañado del entonces príncipe de Asturias Juan Carlos de Borbón, proclama:

Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece.

Esta fue la última aparición pública del dictador.

En el País Vasco

El sábado día 27 de septiembre de comienza una huelga general de tres días de duración, hasta el 30, que fue mayoritariamente seguida, se estima que pararon más de 200.000 trabajadores. Era la tercera huelga general que se convocaba ese septiembre y ya había habido otras protestas en agosto. Aún estando declarado el estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, los talleres y fábricas se paran, se cierran los comercios y bares y hasta los barcos de pesca se quedan en puerto. Se realizan manifestaciones en todas las poblaciones importantes que son reprimidas con violencia por la Policía Armada y la Guardia Civil llegandose a utilizar fuego real. Se realizan funerales en casi todas la poblaciones vascas, en San Sebastián se convoca un funeral para el día 30 a las 19:00 en la catedral del Buen Pastor cooficiado por el obispo monseñor Setien y otros 30 sacerdotes, no se puede celebrar por estar tomado por la policía la plaza y el templo. Aún así se concentra una gran cantidad de personas y los disturbios duran hasta bien entrada la noche. Durante los disturbios se producen disparos de bala y un niño es herido. Los disparos de fuego real son comunes en la represión de las manifestaciones.

Los tres días de huelga general se convierten entres días de protestas generalizadas en las calles de los pueblos y ciudades del País Vasco. La respuesta del gobierno fue el tomar las poblaciones con Policía Armada y Guardia Civil, pero aún así los disturbios son generalizados en las tres provincias vascas y en Navarra.

En el resto de España

En otras zonas de España las protestas son mucho menores. En Barcelona se hicieron diferentes manifestaciones que fueron reprimidas por la policía. Hay protestas en algunas ciudades pero se logra mantener el orden.

En el mundo

La reacción internacional es fuerte, tanto a nivel gubernamental como popular. Los países de la Comunidad Económica Europea piden el indulto de los condenados (expresado en Londres por el embajador italiano), lo mismo que el Vaticano y las Naciones Unidas. Hay protestas populares casi todas las ciudades importantes y capitales. Se llega a asaltar o intentar asaltar las embajadas y consulados españoles y se boicotean los intereses de España en algunos lugares como en Francia.

Algunos gobiernos, como el de Noruega, Reino Unido u Holanda, llaman a su embajador en Madrid, en Copenhague la Alianza Atlántica aprueba una moción de protesta contra las condenas y exhorta a los países miembros que no hagan nada que pueda favorecer el ingreso de España en ese organismo.

El presidente de México pide que España sea expulsada de la ONU, expulsa al embajador español y suspende contacto con España, las protestas se extienden por todos los países tanto "occidentales" como "orientales". Las manifestaciones y actos de protesta, donde hay fuertes disturbios, son numerosos.