Matanza de Atocha de 1977

Matanza de Atocha de 1977, atentado terrorista tardofranquista de extrema derecha cometido en el centro de Madrid la noche del 24 de enero de 1977. Marcó la transición española durante la nueva etapa democrática después de la muerte del dictador Francisco Franco.

El autodenominado comando Roberto Hugo Sosa de la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) penetró en un despacho de abogados en derecho laboral de Comisiones Obreras (CC.OO.) y militantes del Partido Comunista de España (PCE), todavía ilegal en el país, situado en el número 55 de la calle de Atocha, abriendo fuego contra los allí presentes, matando a cinco personas y dejando cuatro heridos.

El periódico italiano Il Messaggero indicó en marzo de 1984 que neofascistas italianos habían participado en la matanza, algo que fue probado en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que Carlo Cicuttini, un neofascista italiano próximo a la organización Gladio (una red clandestina anti-comunista dirigida por la CIA), había participado en la matanza. Cicuttini había escapado a España donde adquirió la nacionalidad española, después del atentado de Peteano de 1972, hecho con Vincenzo Vinciguerra.

En la actualidad hasta 24 pueblos de Madrid, en sus calles y plazas, recuerdan a las víctimas de Atocha del número 55.

El atentado

Los terroristas, al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, dirigente del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, en buena medida, desarticularon a la que llamaban mafia franquista del transporte. Al no encontrarle, ya que había salido un poco antes, decidieron matar a los presentes, concretamente dos jóvenes con armas de fuego, después de llamar al timbre del piso entre las 22:30 y 22:45 horas. Con ellos iba una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos. En la misma noche, personas desconocidas asaltaron también un despacho del sindicato UGT, que se hallaba vacío.

Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante de derecho Serafín Holgado de Antonio; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, casada con Sauquillo, embarazada que perdió también a su bebé.

Legalización del PCE

El secretario general del partido comunista, Santiago Carrillo, había regresado del exilio en febrero de 1976 clandestinamente. Sin embargo hizo acto de presencia para forzar el reconocimiento y legalización del PCE.

En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con movimientos de izquierdas, una a manos de la misma Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a desestabilizar aún más la transición política.

Al entierro asistieron más de cien mil personas, la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del General Franco, y transcurrió sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día después del atentado. En estas muestras de fuerza se da la paradoja que las fuerzas de seguridad incluso protegen a los miembros de un partido ilegalizado, contribuyendo en buena medida, incluso algunos lo consideran como el momento decisivo, para la legalización del partido después. En marzo, tres meses después, la legalización se oficializa durante el día conocido como Sábado Santo Rojo, por ser durante el sábado de la Semana Santa, festividad católica para así aprovechar y mitigar parte de la oposición política y militar en vacaciones. En febrero el gobierno de Adolfo Suárez ya habían comenzado a legalizar otros partidos como el PSOE o el PNV.

La Matanza de Atocha es quizás el climax o el momento más grave de los distintos sucesos violentos que van sucediéndose, poniendo en peligro un cambio político y social en el país, con atentados del grupo terrorista vasco ETA (responsable de 28 muertos en 1977), el maoísta GRAPO (en el mismo mes responsable de la muerte de dos guardias civiles y un policía nacional) o por ejemplo de otras organizaciones como el Movimiento Para la Autonomía e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). En junio se convocan las primeras elecciones generales democráticas posteriores a la dictadura franquista, en un ambiente de gran efervescencia o inquietud social y político que a muchos les recordó la proclamación de la Segunda República en 1931.

Polémicas capturas

Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia en huir de Madrid. Desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarlos, de tal modo que se confiase en el proceso de transición democrático.

En pocos días, la Policía Nacional detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera -secretario provincial del sindicato vertical del transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte- como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca por suministrar las armas y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. Durante el juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa. Sin embargo los propios agentes declinaron cobrar la recompensa por su captura.

No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor responsabilidad en los atentados. La fuga de Lerdo de Tejada, que continúa en paradero desconocido a pesar que su delito prescribió en 1997, antes del juicio durante un extraño permiso penitenciario en abril de 1979, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad. Otro de los encausados, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero de 1979. La mayoría de los criminales estaban próximos a Fuerza Nueva y otras organizaciones políticas de extrema derecha.

La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerdá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos a 193 años de prisión cada uno; 63 años a Francisco Albadalejo Corredero (fallecido en prisión en 1985); 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985 de cáncer de laringe), y a Gloria Herguedas Herrando, a un año. Uno de los heridos, Miguel Ángel Sarabia, comentaba al respecto en el 2005: Aunque ahora parezca poca cosa, el juicio de los asesinos de Atocha, en 1980 -pese a la arrogancia de los acusados, con camisa azul y muchos asistentes, también de uniforme-, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo, juzgada y condenada.

García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes más de 3800 días o unos 10 años de prisión. Sería detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y allí permanece en prisión, requerido por las autoridades judiciales españolas. Fernández Cerrá puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunos lo sitúan trabajando en una empresa de seguridad. Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después: Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo apuntaban. Con esto no quiero decir nada.

Después de las revelaciones del primer ministro italiano Giulio Andreotti en octubre de 1990 acerca de la red Gladio, una organización secreta anticomunista durante la guerra fria, un reporte del CESIS italiano informaba que Carlo Cicuttini había participado a la matanza de Atocha.

El 11 de enero de 2002, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los tres abogados y el estudiante fallecidos, mientras que a Ángel Rodríguez Leal, en tanto que administrativo, se le otorgó la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Esta condecoración es la más alta distinción con la que se reconoce en la Justicia de España a quienes han destacado a lo largo de su vida por sus méritos profesionales y humanos al servicio del Derecho.

En el mes de diciembre de 2005 fallece Luis Ramos, uno de los abogados heridos en el atentado. Sus amigos y la Fundación Abogados de Atocha le rinden un homenaje que se celebra en el Ateneo de Madrid el 14 de enero de 2006. Como lema del homenaje figuró la frase de Paul Eluard, Si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Miguel Sarabia murió en Madrid el 20 de enero de 2007 tras una larga enfermedad.