Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso (Tenzin Gyatso), actual Dalai Lama desde 1950
El Ejército Popular de Liberación (China) derrotó el ejército tibetano el 7 de octubre, 1950, en Chamdo en el Kham (este del Tíbet). Este asalto señaló el principio de la campaña de Pekín para integrar el Tíbet en la República Popular de China. El Gobierno del RPC llama esta operación liberación pacífica del Tíbet ya que un Acuerdo en 17 puntos sobre la liberación pacífica del Tíbet fue firmado por representantes de XIV Dalai Lama y el Gobierno del PRC que afirmaba la soberanía china sobre el Tíbet. Sin embargo, se llama Invasión del Tíbet por el Gobierno tibetano en exilio, el Congreso americano , los analistas militares incluyendo a Jane, las fuentes de medios de comunicación, varias de ONG como la Comisión Internacional de Juristas y el Center for World Indigenous Studies (Centro de Estudios Indegenosos del Mundo) y supuso que el Tíbet no tenía otras opciones sino que firmar el acuerdo en 17 puntos que fue denunciado por el Dalái Lama en exilio en 1959.
El Kalashnikov (AK-47), uno de los modelos de arma ligera más vendidos del mundo
Negocio o venta de armas es el intercambio de armas entre dos partes, generalmente aunque no exclusivamente entre países soberanos.
Se estima que alrededor de 150.000 millones de dólares se gastan cada año.
Los 15 principales países exportadores de armas (1999)
- Estados Unidos, 33.000 millones USS - Reino Unido, 5.200 millones USS - Rusia, 3.100 millones USS - Francia, 2.900 millones USS - Alemania, 1.900 millones USS - Suecia, 700 millones USS - Israel, 600 millones USS - Australia, 600 millones USS - Canadá, 600 millones USS - Ucrania, 600 millones USS - España, 400 millones USS - República Popular de China, 300 millones USS - Bielorrusia, 300 millones USS - Bulgaria, 200 millones USS - Corea del Norte, 100 millones USS
El negocio de las armas ligeras
Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, unos 30 millones de personas han perecido en los diferentes conflictos armados que han sucedido en el planeta, 26 millones de ellas a consecuencia del impacto de armas ligeras. Estas armas, y no los grandes buques o los sofisticados aviones de combate, son las responsables materiales de cuatro de cada cinco víctimas, que en un 90% también han sido civiles (mujeres y niños en particular).
A pesar de representar una parte poco significativa del volumen total del comercio mundial de armamentos, su bajo coste las pone al alcance de una gran cantidad de personas para ser usadas en guerras civiles y en conflictos étnicos, o para fines ilícitos y criminales, aumentando la inseguridad de las ciudades y rearmando a toda clase de bandas, grupos paramilitares, mafias, clanes y guerrillas. Cada año más de medio millón de personas muere víctima de la violencia armada: una persona cada minuto.
Siguiendo la definición establecida por Naciones Unidas, por armas ligeras se entiende normalmente todo tipo de armas convencionales que puedan ser transportadas por una persona o por un vehículo ligero, pudiéndose dividir a su vez en "armas pequeñas" diseñadas para uso personal (revólveres y pistolas, rifles y carabinas, ametralladoras ligeras, rifles de asalto y ametralladoras de pequeño calibre), y "armas ligeras" diseñadas para el uso de varias personas (ametralladoras pesadas, lanzagranadas, cañones antiaéreos portátiles, cañones anticarro, lanzadores portátiles, misiles contracarro).
Datos
Se estima que en el mundo existe un arsenal de 639 millones de armas de fuego, la mitad cual en manos de civiles y el resto a disposición de los cuerpos policiales y de seguridad, lo que supone una arma por cada diez personas. Desde su invención en 1947, se han producido unos 70 millones de Kalashnikov (AK-47), el arma ligera por excelencia, utilizada en 78 países y fabricada en 14. En algunos países, como los Estados Unidos, cada año salen al mercado más de siete millones de armas, un millón de las cuales son de importación, y puede que haya más armas que personas.
En el pasado, gran parte de este arsenal era suministrado por las dos grandes potencias militares, Estados Unidos y la ex-URSS, ya fuese por intereses puramente comerciales o como parte de su estrategia de rearmar a sus aliados. Hoy, sin embargo, el número de países que suministran este tipo de materiales ha aumentado, con lo que se incrementa no sólo el material puesto a disposición de los compradores, sino la dificultad de controlar este tráfico. UNIDIR ha identificado al menos a 300 compañías de 52 países que en 1994 fabricaban armas ligeras. De éstos, 22 eran países del Sur que producían bajo licencia, y 16 de ellos también exportaban. Aproximadamente, el 75% se fabricaron en los EEUU y la Unión Europea. Otros importantes productores son Brasil, China, Canadá, Japón y la Federación Rusa.
Aunque no se conoce exactamente el valor de la producción y comercio de armas pequeñas y ligeras, se ha detectado un aumento considerable de su importe desde el final de la Guerra Fría, y algunos analistas calculan que su exportación puede tener un valor superior a los 6.000 millones de dólares anuales, es decir, una octava parte del valor total del comercio armamentista. Estados Unidos es el principal productor de munición, aunque Rusia y los países del Este europeo se están mostrando muy activos en los últimos años. La industria europea produce el doble o el triple de su propia demanda, con un ritmo anual de entre 1.000 y 2.000 millones de cartuchos.
Influencia en los procesos de paz
El uso de armas ligeras está estrechamente vinculado al carácter interno de los conflictos actuales. Entre 1990 y 1995 murieron 3'2 millones de personas en este tipo de enfrentamientos armados. La proliferación de armas ligeras automáticas ha multiplicado los puntos de violencia del planeta, ha facilitado esa tremenda letalidad de los conflictos, los ha alargado en el tiempo y los ha hecho más difíciles de tratar.
Por otra parte, cuando en una guerra se acumulan centenares de miles o millones de armas, la paz queda luego hipotecada por dicho arsenal, una parte del cual es posteriormente desviado y aprovechado por grupos terroristas, paramilitares, guerrillas, grupos criminales, ciudadanos privados o cuerpos privados de seguridad.
Las armas cambian de destinatarios, pero su cantidad no disminuye. La proliferación de armas ligeras en manos de civiles incrementa las posibilidades de que en cualquier enfrentamiento humano se haga uso de ellas. Ello explica, por ejemplo, que un joven estadounidense tenga doce veces más posibilidades de morir a tiros que cualquier joven europeo.
Medidas
En noviembre de 1995, la Asamblea General de Naciones Unidas pidió al Secretario General que estableciera un grupo de expertos para que redactaran un informe sobre el tema, que fue presentado en agosto de 1997, y que entre otras cosas recomienda organizar una conferencia internacional para luchar contra el tráfico de armas pequeñas, destruir los arsenales sobrantes y adoptar moratorias regionales.
En Europa, en junio de 1997, los Estados Miembros firmaron un programa para prevenir y combatir el tráfico ilícito de Armas Convencionales, aunque lo más destacable es la Acción Común de 17 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo de la Unión Europea sobre la contribución para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre.
En julio de 2001, en la primera conferencia de la ONU sobre armamento convencional, se adoptó un Plan de Acción por el que los gobiernos se comprometían a luchar contra la proliferación de este tipo de armamento y a reducir su demanda. En el año 2006 habrá una nueva Conferencia de revisión, donde todos los países del mundo tendrán que explicar qué han hecho durante este periodo.
En la reunión del G8 en Gleneagles en julio de 2005, los países participantes en su comunicado final mencionaron la necesidad de desarrollar normas internacionales que incluyeran un acuerdo sobre la responsabilidad de los gobiernos. Pese a esta declaración de intenciones no se tienen muchas esperanzas ya que estos mismos gobiernos controlan más del 80 por ciento de las exportaciones de armas mundiales.
Campañas internacionales
Según la campaña Armas bajo control, de la que forman parte ONG como Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace, las exportaciones españolas de armas ascendieron en 2003 a 321,9 millones de euros, el cuarenta por ciento de los destinos de las armas españolas podrían estar violando el código de conducta de la Unión Europea.
La campaña Armas bajo Control ha presionado durante casi dos años al gobierno español, que finalmente ha recibido el apoyo del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, uniéndose así a esta iniciativa mundial que ya contaba con el apoyo de países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda, Kenia, Brasil, Camboya o Finlandia.
El principal cliente de la industria de arma corta española vuelve a ser EE.UU, fundamentalmente en forma de pistolas. Este volumen de exportaciones, frente a las masivas movilizaciones que se están produciendo en este país a favor de un mayor control para el acceso a estas armas, constata una falta de sensibilidad por parte de las empresas exportadoras y de las autoridades españolas encargadas de autorizar este tipo de ventas.
Otro caso es la venta de armas a países sobre los que la UE ha expresado su preocupación por su constante violación de los derechos humanos como son Israel, país al que España exportó armas de fuego de calibre inferior a 20mm por valor de 35.000 euros y Arabia Saudí al que vendió 23 millones de euros en munición.
Aún más censurable si cabe es la venta de importantes cantidades de munición a África. A pesar de la moratoria establecida en 1998 por la Comunidad Económica de África Occidental, en la que se prohibía la importación, exportación y producción de armas ligeras, España ha continuado vendiendo grandes cantidades de munición en esta región africana. Los casos más alarmantes son: el de Ghana (2,7 millones de euros en 2002).
Durante el verano del año 2000, además, y dada la evidencia que desde Ghana se estaban desviando armas y munición a países vecinos en conflicto como Sierra Leona, Nigeria o incluso Angola, el Gobierno ghanés prohibió de manera indefinida cualquier tipo de actividad relacionada con el comercio o la producción de armas ligeras. El otro caso es la venta de munición para armas ligeras a numerosos países subsaharianos, destacando Sudán que sufre una grave crisis humanitaria y que está sometido a un embargo de armas desde 1994.
La pena de muerte en España fue abolida, bajo cualquier circunstancia, en 1995. La actual constitución de 1978 establecía ya su abolición, excepto en tiempos de guerra.
La pena de muerte fue utilizada en España sin interrupción hasta 1932, cuando fue abolida a raíz de una reforma del Código Penal introducida durante la Segunda República. Fue restablecida en octubre de 1934, para delitos de terrorismo y bandolerismo. Francisco Franco la reincorporó plenamente al código penal en 1938, argumentando que su abolición no era compatible con el buen funcionamiento de un estado. Las últimas ejecuciones en España fueron las de dos miembros de ETA y tres del FRAP, fusilados el 17 de septiembre de 1975.
Aplicación en la antigüedad
Se aplicaba mediante el garrote vil.
Franquismo
Durante la posguerra se aplicaba mediante el fusilamiento. Más adelante también se aplicó mediante garrote vil. Normalmente era aplicada por tribunales militares en consejo de guerra.
Constitución de 1978
La constitución de 1978, sancionada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre, establecía en su artículo 15 como derecho fundamental la vida y la integridad física, quedando prohibida la tortura o cualquier tipo de penas o tratos inhumanos o degradantes. En ese mismo artículo se abolía de la pena de muerte, con la excepción de "lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra".
El Real Decreto Ley número 45/78 del 21 de diciembre modificó el Código de Justicia Militar, la Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea y la Ley Penal y Disciplinaria Mercante, sustituyendo la pena de muerte por la de treinta años de prisión, salvo en tiempos de guerra. Esta pena se aplicaba en caso de crímenes graves como traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra.
Abolición de 1995
La pena de muerte fue abolida del código penal militar con la ley LO 11/95 del 27 noviembre. Esta ley fue aprobada con el apoyo de todos los partidos políticos, representados en el Congreso de los Diputados, el 27 noviembre de 1995, de tal forma que abolía la pena de muerte en tiempos de guerra, que vino a completar la abolición y a covertirla en absoluta.
Sin embargo, a pesar de que está abolida totalmente, algunas organizaciones como Amnistía Internacional consideran que se debería suprimir de la Constitución Española la excepcción a la pena de muerte en tiempos de guerra.
Edificio del Círculo de Bellas Artes donde existió una checa
Una checa o cheka era una instalación que durante la guerra civil española utilizaban los milicianos del bando republicano -especialmente los partidos y sindicatos de izquierda- para detener, interrogar y juzgar de forma sumarísima. Eran conocidas por la calle donde se encontraban, o bien por el nombre de quien las dirigía. Aparte de las que dependían directamente del Gobierno de la República –como las de las calles de Bellas Artes y Fomento 9–, varios partidos políticos, ateneos, comités, sindicatos u organizaciones del Frente Popular disponían de una.
También pasaron por estas cárceles clandestinas numerosos disidentes de la república, desde simpatizantes del bando nacional y derechistas que disentían con cualquier idea socialista, hasta revolucionarios de izquierda que disentían con las ideas estalinistas y del PCE. Se llamaban "checas" por ser éstas las siglas del organismo de la policía política en la URSS de 1917, la Checa, cumpliento un rol análogo en la represión política.
Ubicación
En total fueron unas 331, según las fuentes, si bien no funcionaron todas al mismo tiempo. Estaban ubicadas principalmente en Madrid, Valencia y Barcelona, muchas de ellas en pisos incautados o Iglesias.
Checas de Madrid
- Checa de Fomento o de Bellas Artes. Situada en el sótano del Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá 40. El 25 de octubre de 1936 se trasladó a la calle Fomento 9. Actuaba como Comité Provincial de Investigación Pública, creado por iniciativa de Manuel Muñoz Martínez, Director General de Seguridad el 4 de agosto de 1936. Estaba formado por tres miembros de cada partido del Frente Popular, constituyendo en total un Comité directivo de treinta personas que formaban seis tribunales que tomaban decisiones de vida o muerte inapelables, sin procesos ni garantías. Si el detenido era considerado culpable se escribía en su sentencia la palabra "libertad" seguida de un punto y se le invitaba a irse a casa, pero a la salida lo esperaba un grupo de milicianos que en un automóvil lo llevaban al "paseo" y lo asesinaban. Junto a ello se realizaban numerosas torturas y robos de propiedades.
- Checa de la Escuadrilla del Amanecer, ubicada en la Dirección General de Seguridad. - Checa de Marqués de Riscal, ubicada en el palacio de los condes de Casa Valencia. - Checa de Narváez, ubicada en la calla Narváez 18 y 20. Más tarde se trasladó a la calle Jorge Juan 68. - Checa de San Bernardo, ubicada en la Iglesia de la calle de San Bernardo 72 y 74. - Checa de Ferraz, ubicada en la calle Ferraz, 16. - Checa del cuartel de Espartaco o Spartacus, ubicada en la calle de Santa Engracia 18. - Checa del Ateneo Libertario de Ventas de CNT, ubicada en el arroyo del Abroñigal, junto al puente de Ventas. - Checa de la estación de Atocha, ubicada en el Salón Regio de la estación de Atocha. Más tarde en la calle Príncipe de Vergara 9. - Checa del cinema Europa, ubicada en el cine Europa de la calle de Bravo Murillo 150. - Checa de Lista, ubicada en el edificio del convento de clausura de las religiosas de la Concepción Jerónima, esquina con la calle Velázquez. - Brigada de Investigación Criminal. Era una checa de ubicación móvil. - Checa comunista de la Guindalera, ubicada en un chalet llamado "El Castillo" de la calle Alonso Heredia 9. - Brigada de Servicios Especiales o checa del Marqués de Cubas, ubicada en un piso de la calle del Marqués de Cubas 19. - Checa de la Agrupación Socialista de Madrid, ubicada en la calle Fuencarral 103. - Linces de la República, ubicada en la Casa de Campo. - Checa del palacio del conde de Eleta - Checa de la comisaría de Buanavista
Checas de Valencia
- Checa de Santa Úrsula, ubicada en el convento de Santa Úrsula, en la plaza del mismo nombre. - Checa de Sorní - Checa de la calle del Grabador Esteve - Checa del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en calle de Navellos.
- Checa de la calle de Carniceros, ubicada en el colegio de los Escolapios, en la calle Carniceros 6 de Valencia. Fue denominada preventorio número 1. En esta checa estuvieron algunos ciudadanos como Carlos Bosch Diaz entre el mes de Septiembre a diciembre de 1938, Jefe Técnico de Aduanas en Cullera y detenido por miembros del SIM en Gandia en el mes de septiembre de 1938.
- Checa del colegio de los Escolapios de Gandía, ubicada en el edificio de la antigua universidad. Tal vez una de las checas más activas fue la que se estableció en el colegio de los Escolapios de Gandia, situada en el edificio de la antigua universidad de esta ciudad, creada por los jesuitas en el siglo XVI. Allí fue instalada en las primeras semanas de la guerra civil una checa donde eran internados «los que por su ideal político, posición económica o ideas religiosas, eran considerados enemigos de la causa roja». Al frente de ella se encontraba Roberto Espinosa Verdú, que como delegado del gobernador civil de la provincia de Valencia, desde el comienzo de la contienda actuaba como jefe. Conjuntamente con éste ejercían también la máxima autoridad los hermanos Ramón y Andrés Perelló Peiró, José María Castellá Lloret, Enrique Ballesteros Valero, Antonio Azcón Cornell, José Pedraza Lillo, Rafael Pérez Martí, Benjamín Bravo Morales, Benjamín Benedito y José Fayos. Entre los que fueron bárbaramente maltratados estaban el padre rector de los jesuitas, Tomás Sitchas; el padre Constantino Carbonell; los hermanos jesuitas Grimaltos y Gelabert; el doctor José Melís y el obrero Pascual Moreno y otros muchos que luego fueron asesinados.
Checas de Barcelona
- Checa de la calle Zaragoza, ubicada en el antiguo convento de religiosas sanjuanistas, también llamada Preventorio G. - Checa de la Tamarita - Checa del Seminario
- Checa de Vallmajor, también conocida como Preventorio D. Estaba ubicada en el antiguo convento de Magdalenas de la calle Vallmajor. Como todas las checas de Barcelona, dependía en un primer momento del Partido Socialista Unificado de Cataluña, y más tarde del Servicio de Información Militar (S.I.M.), adscrito al Gobierno Central, hasta octubre o noviembre de 1937. El preventorio D, y un chalet situado en la acera de enfrente, formaban la sección sexta del S.I.M.
Andrés Nin Pérez o Andreu Nin i Pérez (El Vendrell, Tarragona, 4 de febrero de 1892 - Alcalá de Henares, Madrid, 22 de junio de 1937), fue uno de los personajes más importantes del marxismo revolucionario en España de la primera mitad del siglo XX.
Biografía
A pesar de sus orígenes modestos —era hijo de un zapatero y una campesina—, consiguió, gracias al esfuerzo de sus padres y a su inteligencia, llegar a ser maestro y trasladarse a Barcelona, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Aunque fue maestro durante un tiempo, en una escuela laica y libertaria, pronto se dedicó al periodismo y a la política.
El año 1917 fue clave para su vida. Sucesos como la huelga general de agosto, la Revolución Rusa o las luchas entre la patronal barcelonesa y los sindicatos, sobre todo la CNT, le marcaron profundamente. Si bien se integró primero en las filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pronto abrazó la causa del sindicalismo revolucionario, ingresando en la CNT. Tras asistir al segundo congreso de la CNT en 1919, donde defendió el ingreso de la CNT en la Internacional Comunista, sustituyó a Evelio Boal, secretario del Comité Nacional de la CNT que había sido asesinado.
En el pleno nacional de la CNT celebrado el 28 de abril de 1921, fue elegido delegado para asistir al tercer congreso de la Internacional Comunista y al congreso fundacional de la Internacional Sindical Roja (Profintern), convirtiéndose en un personaje clave de ambas internacionales (mientras tanto, en 1922, la CNT había abandonado la Internacional Comunista).
Vivió durante un tiempo en Moscú. A partir de 1926, perteneció a la Oposición de Izquierda dirigida por Trotski para oponerse al ascenso de Stalin dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, teniendo que abandonar la URSS en 1930.
A su vuelta a España, Nin fue clave en la formación de un grupo de orientación trotskista (bolchevique-leninista), la Izquierda Comunista de España (mayo de 1931), grupo afiliado a la Oposición de Izquierda Internacional, publicando también el periódico El Soviet. La Izquierda Comunista era un grupo pequeño aunque con algunos militantes muy destacados.
Formó parte de la Alianza obrera e intervino en las sucesos de octubre de 1934 en Cataluña. Rompió con Trotsky por no aceptar su pretensión de adoptar una táctica entrista en el PSOE. Al fusionarse su grupo con el Bloque Obrero y Campesino para fundar el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en 1935, fue nombrado miembro del comité ejecutivo del nuevo partido y director de su publicación, La Nueva Era. Fue también elegido secretario general de la Federación Obrera de Unidad Sindical (FOUS) en mayo de 1936.
Al estallar la Guerra Civil Española se convirtió en el máximo dirigente del POUM y tras formar parte del Consell d'Economia de Catalunya (entre agosto y septiembre de 1936) fue consejero de justicia de la recién constituida Generalidad (hasta diciembre de ese año) hasta que fue cesado debido a las presiones comunistas.
Polémica sobre su muerte
Finalmente, a medida que las tensiones antitrotskistas se hicieron más evidentes, azuzadas por los agentes soviéticos a través del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Unificado de Cataluña (rama catalana del Partido Comunista), la posición del POUM se fue haciendo más difícil en la España republicana. Tras los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, Nin fue detenido por la policía, junto con otros dirigentes del POUM (16 de junio de 1937), como Julián Gorkin y José Escuder al haberse descubierto entre los documentos incautados a una red de la quinta columna en Madrid, algunos de los cuales "demostraban" la relación entre el POUM y el gobierno de Burgos. Los documentos habían sido falsificados por la NKVD. Inmediatamente su custodia fue transferida a la NKVD, que actuaba clandestinamente en la zona republicana con la connivencia de los mandos comunistas en la policía y el gobierno. Los dirigentes del POUM fueron trasladados a Valencia y luego a Madrid. Nin fue separado del resto de dirigentes del POUM desde el momento de la detención, siendo trasladado a Alcalá de Henares, donde fue interrogado y torturado los días 18, 19 y 21 de junio de 1937. A pesar de las torturas, Nin negó cualquier complicidad con el espionaje fascista. Posiblemente, Nin fue asesinado el 22 de junio, por orden del general Orlov, que actuaba a las órdenes de Stalin. El lugar elegido para su ejecución (Alcalá de Henares) era una base importante de los soviéticos en la España republicana, por lo que ofrecía garantías de seguridad.
La versión oficial que se dio fue que Nin fue liberado de la checa por "sus amigos de la Gestapo". Así lo sostuvo Juan Negrín, jefe del Gobierno de la República. En marzo de 2008 fue hallada casualmente una fosa común con restos de cinco cuerpos humanos de la época de la guerra civil. Es posible que uno de los cuerpos fuera el de Andrés Nin, lo que -de confirmarse- echaría al traste la versión del gobierno de la República. Existen versiones indicando que Negrín conocía la verdad sobre este suceso y lo encubrió con la versión de la Gestapo. Aunque en lo que su nieta afirma serán sus memorias, Negrín afirma haber sido engañado.
Las llamadas matanzas de Paracuellos fueron una serie de episodios organizados de asesinato masivo de varios miles de prisioneros considerados opuestos al bando republicano. Tuvieron lugar durante la Batalla de Madrid en el transcurso de la Guerra Civil Española, en los parajes del arroyo de San José, en Paracuellos de Jarama, y Soto de Aldovea, en el término de Torrejón de Ardoz, cercano a la capital española.
Las matanzas se realizaron aprovechando los traslados de presos de diversas cárceles madrileñas, conocidos popularmente como sacas, llevados a cabo entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, mientras se enfrentaban las tropas gubernamentales y franquistas por el control de la ciudad. Del total de 33 sacas de presos que tuvieron lugar en las fechas citadas, 23 de ellas terminaron en asesinatos: las de los días 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre y las del 1 y el 3 de diciembre. Entre el 10 y el 17 de noviembre no hubo extracción alguna, y desde el 4 de diciembre cesaron.
Los convoyes mencionados fueron desviados hacia los lugares del arroyo San José, en la vega del río Jarama, y a un caz o canal de irrigación fuera de uso, en la vega del río del Henares donde miles de prisioneros fueron asesinados. Entre ellos se encontraban militares que habían participado en la sublevación o que no se habían incorporado a la defensa de la República, falangistas, religiosos, militantes de la derecha, burgueses y otras personas que en su inmensa mayoría habían sido detenidas por ser simplemente consideradas como partidarias de la sublevación, y custodiadas sin amparo legal ni acusación formal.
Tras ser extraídos de las prisiones con listas elaboradas y notificaciones de traslado o libertad con membrete de la Dirección General de Seguridad y, en ocasiones, firmadas por Segundo Serrano Poncela, el delegado de Orden Público de la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, encabezada por Santiago Carrillo, y posteriormente fusilados de manera sumaria por milicias pertenecientes a las organizaciones obreras. Antes del 7 de noviembre ya habían tenido lugar algunas sacas, especialmente durante el mes de octubre, fruto del cambio de manos del control de las prisiones, que pasó de las de los funcionarios de prisiones a las de las milicias a raíz del asalto a la Cárcel Modelo, que tuvo lugar el 22 de agosto de 1936, si bien el número de asesinados fue mucho menor y carecieron del carácter sistemático y organizado que tuvieron las de noviembre y diciembre.
La matanzas de Paracuellos son consideradas las de mayor dimensión que tuvieron lugar en la retaguardia de la zona republicana. El número de asesinados ascendió a varios miles, entre 2.000 y 5.000, si bien la cifra exacta sigue siendo objeto de discrepancia y controversia. También son objeto de enconadas discusiones aspectos como quién dio la orden de ejecutar a los evacuados de las cárceles, por qué unas sacas terminaron en asesinatos masivos en tanto que en otras los prisioneros llegaban sanos y salvos a su destino y, en definitiva, las responsabilidades directas e indirectas de los fusilamientos.
Los hechos
Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936 se llevaron a cabo 33 extracciones de presos de cárceles madrileñas. Las extracciones se llevaban a cabo mediante notificaciones con el membrete oficial de la Dirección General de Seguridad y firma de su director y, en ocasiones, firma de Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público y situado inmediatamente a las órdenes de Santiago Carrillo, consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, que se había constituido en la madrugada del 7 de noviembre. Las extracciones portaban listas nominativas e incluían como razón de la extracción la puesta en libertad de los listados o su traslado a cárceles alejadas de la línea del frente como las de Alcalá de Henares o Chinchilla. De acuerdo con las conclusiones del historiador Javier Cervera, las sacas que tuvieron como razón el "traslado" de presos llegaron efectivamente a su destino sanas y salvas, siempre a Alcalá de Henares.
Las autoridades de las prisiones procedían a llamar a los presos que aparecían en las listas. Una vez congregados, los presos, en su mayor parte, eran atados por las manos. A continuación se les subía a los vehículos encargados de su traslado. Si la expedición era numerosa, se utilizaban autobuses de dos pisos de color verde del servicio público de transportes de la ciudad. Autobuses de tal tipo fueron usados en las sacas de la Modelo del 7, 8 y 9 de noviembre, así como en la evacuación de la prisión el día 16. Cuando el volumen de sacados era menor, se utilizaban camiones. Las expediciones eran escoltadas por milicianos, pertenecientes en su mayor parte a las Milicias de Vigilancia de la Retaguardia (una fuerza policial creada en septiembre de 1936 para integrar las milicias que ya efectuaban labores policiales de forma autónoma e incontrolada en la Dirección General de Seguridad), a bordo de coches balilla. Estos milicianos integraban los pelotones de fusilamiento.
La creación de la Junta de Defensa de Madrid
En el consejo de ministros realizado el 6 de noviembre de 1936, y ante el avance de los franquistas, que se hallaban a las puertas de Madrid, el nuevo Gobierno republicano a cuyo frente se hallaba Largo Caballero decidió abandonar Madrid y trasladarse a Valencia, en la certeza de que la caída de la capital era inminente. Según Gibson, que toma como base la entrevista realizada a Santiago Carrillo en 1982 para la elaboración de su obra sobre Paracuellos, la decisión se tomó a eso de las 18:45 de la tarde. Sin embargo, según las memorias de Santiago Carrillo, escritas diez años después, en 1993, el consejo de ministros se reunió por la mañana. En la reunión se tomó la decisión de que el gobierno debía abandonar Madrid esa tarde. De acuerdo con dichas memorias, los ministros comunistas del gobierno (Vicente Uribe y Jesús Hernández) informaron a los dirigentes del partido, así como a los dirigentes de las JSU recién afiliados al PCE, entre ellos a Carrillo, de que el gobierno abandonaba la ciudad con la intención de dejar al mando, para encargarse de la defensa de la ciudad, a una Junta de Defensa presidida por el general Miaja y compuesta por representantes de todos los partidos que componían el Frente Popular. A última hora de la tarde, el general Asensio, subsecretario de Guerra (Largo Caballero era el ministro), que partía a Valencia con el gobierno, convocó a los generales Miaja y Pozas en el Ministerio de la Guerra y les entregó sus oficios, en dos sobres cerrados, que no debían abrir hasta el día siguiente a las seis de la mañana. Los generales desobedecieron las órdenes y abrieron los sobres inmediatamente, ganando un tiempo precioso (puesto que los oficios respectivos estaban intercambiados). El oficio del general Miaja le comisionaba para la creación y dirección de la Junta. Esta quedaba facultada para «la coordinación de todos los medios necesarios para la defensa de Madrid, que deberá ser llevada al límite» y se constituía en la máxima autoridad en la capital, con facultades delegadas del Gobierno y absorbiendo también, por tanto, las competencias del Ayuntamiento de Madrid (su alcalde, Pedro Rico, había abandonado también esa tarde Madrid, junto con el Gobierno).
Al mismo tiempo, y de acuerdo con Carrillo, éste y Cazorla (miembro también de la dirección de las JSU e que había ingresado también en el PCE) se dirigieron a ver a Largo Caballero antes de que abandonase la ciudad, mostrándose éste sorprendido de que supiesen que el Gobierno se iba. A la salida de la reunión, Carrillo y Cazorla acudieron a la sede del comité central del PCE. A diferencia del resto de partidos, cuyas direcciones habían abandonado también la ciudad (Prieto abandonó en avión la ciudad; el único dirigente de peso del PSOE que permaneció en la capital fue Julián Zugazagoitia, al frente de El Socialista), el PCE (junto con las JSU, cuya dirección estaba ya controlada por aquel) fue el único partido cuya dirección permaneció mayoritariamente en Madrid. El comité ya había contactado con Miaja y había decidido apoyarle para que la Junta comenzase a funcionar lo antes posible, en vez del día 7 (fecha en la que, formalmente, debía hacerlo, de acuerdo con el oficio recibido por Miaja). Además, el comité decidió también que Antonio Mije e Isidoro Dieguez debían convertirse en consejero y suplente, respectivamente, de Guerra en la Junta de Defensa, en tanto que Carrillo y Cazorla debían hacer lo propio, como representantes de las JSU, en la de Orden Público.
La situación de aquella noche era desesperada para el general Miaja. Carecía de Estado Mayor, apenas tenía noticias de las fuerzas que defendían Madrid y sólo poco a poco fueron acudiendo al Ministerio de la Guerra algunos militares, como el teniente coronel Rojo, para ponerse a sus órdenes. El Quinto Regimiento se puso inmediatamente a su disposición y mandó un oficial de enlace al Estado Mayor en ciernes de Miaja. Por su parte, durante la noche del 6 de noviembre fueron acudiendo al Ministerio de la Guerra también representantes y comisiones de los partidos políticos del Frente Popular, que acordaron en una primera reunión, previa a la constitución formal de la Junta, que, aunque la disposición de Largo Caballero aludía a que los diversos partidos debían designar representantes en la misma proporción que la que tenían en el Gobierno, «cada uno de los partidos estuviese representado por un titular y un suplente». Durante la madrugada del día 7 fueron elegidos los representantes de cada uno de los partidos, sindicatos y organizaciones presentes: el PSOE, el PCE, las Juventudes Socialistas Unificadas, la CNT, la Casa del Pueblo de Madrid (UGT), Izquierda Republicana, Unión Republicana, las Juventudes Libertarias y el Partido Sindicalista, bajo la presidencia del general Miaja. La Junta se constituía oficialmente el día 7 de noviembre a las once de la mañana. El predominio comunista en la Junta era muy grande, tanto por el número de integrantes (aparte de los públicamente comunistas, tanto los representantes de las JSU, recién afiliados, como los de la Casa del Pueblo, representantes de la UGT, lo eran también) como por su perfil: Antonio Mije era miembro de la dirección del PCE, en tanto que Santiago Carrillo era el secretario general de las JSU. Sin embargo, ese dominio no era aún patente, puesto que la afiliación comunista de Carrillo y Cazorla aún no era conocida. No hubo resistencias por parte del resto de partidos a la asunción de las consejerías de Guerra y Orden Público por parte del PCE y las JSU.
La madrugada del 6 al 7 de noviembre
Esa misma noche tenían lugar otros acontecimientos relevantes en diversos lugares de Madrid.
El periodista soviético Mijail Koltsov, formalmente corresponsal de Pravda, descrito por Hugh Thomas e Ian Gibson como "el agente personal de Stalin en España" y como una persona que "en ocasiones tenía línea directa con el Kremlin", llegó a España el 8 de agosto de 1936 (antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética). En poco tiempo había ganado una enorme influencia no sólo ante los cuadros del PCE sino también en el gobierno y el ejército. De hecho, asistía a las sesiones del Comisariado de Guerra, creado a mediados de octubre, presididas por Álvarez del Vayo. Koltsov había estado alertando tanto al Comisariado como al Gobierno de Largo Caballero del peligro que representaban los miles de "fascistas" presos en las cárceles madrileñas. Según afirma Koltsov en su libro Diario de la guerra española, el problema de la evacuación de los presos había sido tratado el 1 de noviembre por el gobierno, siéndole encomendada la misión al ministro de Gobernación Ángel Galarza. Sin embargo, cuando el gobierno huyó de Madrid en la tarde del 6 de noviembre, no se había hecho nada a este respecto. En palabras de Koltsov, De los ocho mil fascistas detenidos no ha sido evacuado uno solo.
Esa tarde, tras recorrer las dependencias oficiales, encontrándoselas vacías, Koltsov acudió, ya anochecido, a la sede del Comité Central del PCE, donde observa que es el único partido que sigue activo en Madrid, tratando de organizar la defensa de la ciudad ante el inminente asalto. Según cuenta en su diario:
[Koltsov] preguntó qué había de la evacuación de los fascistas detenidos. Respondió [Pedro] Checa que no se había hecho nada y que ya era tarde. Para ocho mil personas hace falta muchísimo transporte, escolta, una verdadera organización [...].
Por una parte se constituía extraoficialmente el denominado Consejo de la Dirección General de Seguridad.
Evacuaciones y primeras sacas
Durante la reunión de constitución de la Junta, en la madrugada del 6 al 7 de noviembre, se decidió evacuar a los presos internados en la Cárcel Modelo, entre los que se encontraban numerosos militares, a prisiones alejadas de Madrid. El motivo era la preocupación por que los presos pudieran aumentar el potencial ofensivo de los sublevados —a la sazón a las puertas de Madrid— ante la eventualidad de la caída de la capital. En ese momento, los combates se llevaban a cabo en la propia ciudad, habiendo llegado los rebeldes hasta la Ciudad Universitaria, muy cercana a la cárcel Modelo (este episodio bélico se conoce como batalla de Madrid).
Mientras la reunión de constitución de la Junta tiene lugar, se está preparando una saca en la cárcel de Porlier. De madrugada todavía, partió de dicha cárcel un convoy de autobuses de línea regular pertenecientes a la Sociedad Madrileña de Tranvías, con el aparente propósito de trasladar a los presos a Valencia. Sin embargo, una vez llegado a Torrejón de Ardoz (la carretera de Valencia estaba bajo el fuego de los asaltantes), en lugar de seguir hacia Loeches y Camporreal para enlazar con la carretera de Valencia, se desvió hacia la vega del Jarama (en el municipio de Paracuellos de Jarama), y allí los presos fueron fusilados. Los sucesos se repitieron dos días después, esta vez en la vega del Henares (en el municipio de Torrejón de Ardoz). Miembros del cuerpo diplomático, como el cónsul de Noruega, el alemán Felix Schlayer, ya el día 7 por la tarde habían advertido al Consejero de Orden Público, Santiago Carrillo, de los hechos. Carrillo sin embargo, aunque reconoció en sus memorias la conversación con el cónsul noruego (al que confunde con el embajador de Finlandia), ha sostenido en todo momento no estar al corriente de las matanzas.
Siguientes sacas
A pesar de las declaraciones en contra de las autoridades republicanas, los fusilamientos se reanudaron de nuevo. Ni las protestas del cuerpo diplomático ni el posible deterioro de la imagen internacional del Frente Popular lograron detener los asesinatos.
Primera intervención de Melchor Rodríguez
Finalmente, las matanzas se detuvieron el 10 de noviembre, cuando el anarquista Melchor Rodríguez, llamado "El Ángel Rojo", se puso al frente de la Dirección de Prisiones, el cual, con su enérgica actuación individual logró detener las matanzas masivas de presos. Su asunción del cargo careció de nombramiento oficial hasta el día 14, fecha en que dimitió. Su dimisión permitió la reanudación de las extracciones y asesinatos de presos hasta que su nombramiento definitivo, causado por las presiones del cuerpo diplomático y del presidente del Tribunal Supremo, Mariano Gómez, finalizó definitivamente con las sacas y asesinatos masivos.
El intento de asesinato del doctor Henny
El 8 de diciembre de 1936 fue derribado sobre Pastrana el avión correo de la embajada francesa que enlazaba Madrid con Tolouse, un Potez 54. En él viajaba el doctor Henny, delegado de la Cruz Roja Internacional, además de dos tripulantes, dos periodistas y dos secretarias. Aunque la pericia del piloto evitó una tragedia mayor, hubo tres heridos: Henny pasó cuatro meses en cama, uno de los periodistas (Louis Delaprée) murió a consecuencia de las heridas y otro sufrió la amputación de una pierna. Aunque el Ministerio de la Guerra proclamó que había sido "criminalmente atacado y derribado por la aviación fascista", el día 21 se descubrió que el avión había sido derribado por dos cazas republicanos Polikarpov I-15, pilotados por soviéticos.
El doctor era portador de un dossier sobre las matanzas de presos en Madrid y, en especial, de las producidas en Paracuellos de Jarama, que debía presentarse ante la Sociedad de Naciones en Ginebra, donde iba a comparecer el ministro republicano Julio Álvarez del Vayo. Sin embargo, el derribó evitó que esto ocurriera. Félix Schlayer y otros miembros del Cuerpo Diplomático asumieron que había sido derribado deliberadamente en un intento de evitar que las pruebas de las matanzas se hicieran públicas; Delaprée atribuyó el atentado a Alexander Orlov, jefe de la inteligencia soviética en España, responsable entre otros episodios del secuestro y asesinato de Andrés Nin. César Vidal considera acertados ambos testimonios, pero Gibson señaló que no había hallado informe alguno sobre dichos asuntos en los archivos de la Cruz Roja Internacional.
Las víctimas
Lápida sepulcral de los "mártires de Almagro" en la iglesia del convento dominico de la Asunción de Calatrava de Almagro (Ciudad Real). Los cuatro dominicos beatificados que aparecen en la lápida (José Delgado Pérez, José Prieto Fuentes, Manuel Santiago Santiago y Francisco Fernández Escosura), fueron asesinados en Paracuellos del Jarama.Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre tuvieron lugar, pues, 33 sacas de presos de las prisiones de Madrid. De ellas, 23 concluyeron con el asesinato de sus integrantes. Las expediciones partieron de la Cárcel Modelo (7, 8 y 9 de noviembre; la cárcel fue evacuada el día 16 y los presos que aún quedaban en ella repartidos entre otras cárceles madrileñas), la de Porlier (7, 8, 9, 18, 24, 25 y 26 de noviembre, 1 y 3 de diciembre; de esta prisión, sólo una saca, la del 30 de noviembre, no terminó en tragedia), la de San Antón (7, 22, 28, 29 y 30 de noviembre) y la de Ventas (27, 29 y 30 de noviembre y 1 y 3 de diciembre). No hubo ninguna saca en las cárceles de mujeres, por lo que no existe ninguna presa asesinada en Paracuellos. La mayor parte de las víctimas provinieron de la Cárcel Modelo.
En cuanto a la tipología de las víctimas, éstas pertenecían en su mayor parte a la clase media conservadora y católica, entre los que se contaban abogados, jueces, periodistas, escritores, catedráticos y médicos. Había también un elevado número de militares, falangistas y religiosos, entre las que hay documentados varios casos de padres e hijos y de hermanos muertos juntos. Entre las víctimas había también menores de 21 años. La mayoría habían sido detenidos en Madrid (o trasladados a las cárceles madrileñas desde otras localidades) desde el inicio de la guerra. En el caso de los presos civiles, en su inmensa mayoría sin haber participado en la sublevación militar y sin haber recibido acusación concreta ni juicio alguno. Entre las víctimas se encontraban Federico Salmón, ministro de Trabajo por la CEDA en 1935, Jesús Cánovas del Castillo, político agrarista, e incluso un futbolista, Monchín Triana, que había jugado en el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En una de las sacas, la del día 27 de noviembre, procedente de la cárcel de San Antón, encontró la muerte el dramaturgo español Pedro Muñoz Seca. Muñoz Seca, que conoció días antes el fin que le esperaba y tuvo tiempo de escribir a su mujer, dejó dicho a otro preso: “Se me acusa de monárquico, por haber llevado a Roma para Don Alfonso XIII el manto de la Virgen del Pilar. Con este manto voy a morir yo también”. También pereció Mateo García de los Reyes, almirante retirado, primer comandante del arma submarina y Ministro de Marina durante la dictadura de Primo de Rivera. Otra víctima relevante fue Ricardo de la Cierva Codorníu, un joven abogado cuya relevancia estriba en que trabajaba para la embajada noruega, al frente de la cual se había colocado Félix Schlayer, que fue quien descubrió las fosas en Paracuellos precisamente siguiendo la pista de su abogado. La Cierva, muerto el 7 de noviembre en una de las sacas procedentes de la cárcel Modelo, era hijo del político conservador Juan de la Cierva Peñafiel, varias veces ministro de la monarquía, padre del historiador Ricardo de la Cierva, y hermano de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro.
Las víctimas fueron depositadas en seis fosas excavadas en Paracuellos entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, en algunos casos por los propios vecinos del pueblo de Paracuellos, obligados a ello pistola en mano (existen también aquí discrepancias; mientras que Gibson sostiene que las fosas no estaban abiertas cuando llegaron las primeras sacas, basándose en el testimonio de Ricardo Aresté Yebes, testigo presencial, alcalde de Paracuellos en 1983 e hijo del alcalde de la localidad en 1936, Vidal afirma que estaban ya excavadas puesto que es "la práctica habitual en este tipo de casos", descartando las afirmaciones de Aresté como una mera excusa para asegurar que nadie en Paracuellos, incluido su padre, sabían nada de lo que estaba sucediendo). Una última fosa, la número 7, fue excavada en 1940, una vez acabada la guerra, para acoger los cadáveres de los fusilados en Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz) en las mismas fechas, así como las de otros asesinados en fechas diferentes en lugares como Boadilla del Monte. Todos ellos fueron trasladados al cementerio de Paracuellos en féretros individuales y con toda formalidad.
El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) fue una organización revolucionaria española, situada a la izquierda del Partido Comunista de España, inspirada por militantes del Partido Comunista de España (marxista-leninista) (PCE (m-l)), que recurrió al terrorismo en su lucha contra la dictadura de Franco en España.
El PCE (m-l) era una escisión del Partido Comunista de España, formada en 1964 por un grupo de militantes que rechazaba la política del PCE de Santiago Carrillo de "reconciliación nacional" tendente a conseguir un fin pacífico del franquismo, llegando incluso a acuerdos con sectores del propio régimen, afirmando que la conquista de las verdaderas libertades democráticas en España solo vendría de un mayor impulso de la lucha, de la radicalización y de la capacidad popular para imponer su solución democrática y republicana frente al horizonte monárquico y continuista que se preparaba. Desde su nacimiento, el PCE (m-l) alentó la táctica frentista en sus concepciones políticas de lucha contra la dictadura.
El FRAP se constituyó formalmente en 1973, pero tiene su origen dos años antes el 23 de enero de 1971, cuando se produjo una reunión que resultaría decisiva en la creación del FRAP. Esta reunión tuvo lugar en París, en un piso particular propiedad del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, amigo personal de Julio Álvarez del Vayo, y en el que residía circunstancialmente en compañía de su esposa, Luisa Graa. En la reunión se concretaron los seis puntos programáticos en los que se basaría el Frente:
Derrocar la dictadura fascista y expulsar al imperialismo yanqui de España mediante la lucha revolucionaria. Establecimiento de una República Popular y Federativa que garantice las libertades democráticas y los derechos para las minorías nacionales. Nacionalización de los bienes monopolísticos y confiscación de los bienes de la oligarquía.
Profunda reforma agraria sobre la base de la confiscación de los grandes latifundios.
Liquidación de los restos del imperialismo español.
Fundación de un ejército al servicio del pueblo.
De 1971 a 1973 (año de celebración de la Conferencia Nacional de Proclamación del FRAP) se formó una amplia red de comités pro-FRAP en prácticamente todas las regiones de España. El FRAP se constituyó formalmente el 24 de noviembre de 1973, en una Conferencia Nacional celebrada en París, en la que Julio Álvarez del Vayo fue elegido su presidente y se ratificaron sus puntos programáticos. La declaración fue firmada por diversas organizaciones:
- Partido Comunista de España (marxista-leninista). - Oposición Sindical Obrera (OSO) - Unión Popular del Campo (UPC) - Unión Popular de Mujeres (UPM) - Federación Universitaria Democrática Española (FUDE) - Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEDEM) - Unión Popular de Artistas (UPA) - Juventud Comunista de España (marxista-leninista) - Unión Socialista Española (USE) - Fracción marxista-leninista del Movimiento Comunista de España (MCE) - Nova Germania (antiguo Moviment Democràtic del Poble Valencià)
Esta unión de partidos y organizaciones era en realidad artificial, puesto que todas fueron creadas por el Partido Comunista (m-l) y éste tenía miembros de control en todas ellas.
Desde sus orígenes protagonizó múltiples acciones contra la dictadura y denunció abiertamente la política, calificada de revisionista, seguida por la dirección del PCE y Santiago Carrillo, acusados de haberse apartado de la teoría y de la praxis marxista, cayendo en un denominado reformismo posibilista, con el objetivo de llegar a compromisos con sectores de la dictadura franquista. También denunció la desestalinización de la Unión Soviética, calificando al régimen soviético de "socialimperialista", al tiempo que tomaba como modelos el régimen estalinista de la Unión Soviética (llegando a negar los crímenes del estalinismo) y los regímenes comunistas de Albania y China.
Hacia el año 1973 el FRAP alcanza su punto de máxima relevancia[cita requerida]. Funcionan con regularidad organizaciones entre el profesorado, la Unión Popular de Profesores Demócratas, y, entre los artistas e intelectuales, la Unión Popular de Artistas (UPA) cuya participación en las famosas huelgas de actores de los últimos años del franquismo sería de gran importancia y cuya publicación "Viento del Pueblo" realizada clandestinamente en Madrid, a serigrafía y varios colores, es hoy una verdadera joya para los coleccionistas. En "Viento del Pueblo" colaboró anónimamente, entre otros, Alfonso Sastre, con algunas de sus poesías satíricas dedicadas al príncipe sucesor Juan Carlos.
En la UPA militaron o colaboraron, de una u otra forma, Moncho Alpuente, El Cubri, que realizó muchos de los dibujos de "Viento del pueblo", Juan Margallo, el escultor Ramón Soto, Patxi Andión, el pintor valenciano Castejón; Viriato, pintor popular, la actriz Amparo Muñoz, el grupo teatral "Las madres del cordero", y un largo etcetera.
El 1 de mayo de 1973 tuvo lugar la primera acción relacionada con el FRAP, cuando en las manifestaciones celebradas en Madrid convocadas por el PCE (m-l) y el Comité Coordinador pro-FRAP muere un subinspector de la Brigada Político-Social (BPS) tras ser apuñalado en los enfrentamientos que se producen entre la policía y los manifestantes en las cercanías de Atocha. Fruto de esta acción fue una oleada de detenciones y represión contra la organización.
Los análisis políticos del FRAP le llevan a pasar a la práctica de lucha armada y ataques contra miembros de la policía política y de la Guardia Civil en el verano de 1975. Las acciones terroristas alcanzan su punto culminante en Madrid. El 14 de julio un miembro de la Policía Armada resulta asesinado. Poco después otro policía es gravemente herido y en agosto muere un teniente de la Guardia Civil. La respuesta represiva del régimen de Franco provocó la detención de numerosos militantes, la celebración de dos Consejos de Guerra, que resultaron en los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, los últimos de la dictadura en la que tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y dos de ETA (Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui), fueron fusilados. Las manifestaciones de rechazo y condena del régimen fueron masivas en todo el mundo, a nivel oficial y popular.
Opuesta a todo tipo de pacto incluso con militares demócratas o la Iglesia progresista, su intransigencia llevó al FRAP a estar cada vez más apartada de los pactos y movimientos políticos que se estaban dando en la oposición a la dictadura. El triunfo de la operación de reforma política y la nueva situación llevó a su fin y a su disolución en el año 1978.
Salvador Puig Antich (Barcelona, 30 de mayo de 1948 - 2 de marzo de 1974) fue un anarquista español, activo durante la década de 1960 y comienzos de la de 1970, que murió ejecutado por el régimen franquista tras ser juzgado y condenado a muerte por un tribunal militar, acusado del asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social, Francisco Anguas Barragán, muerto en el tiroteo que se desencadenó durante la captura de Puig Antich.
Militancia
Los episodios del "Mayo francés" de 1968 y la muerte del estudiante Enrique Ruano en la Dirección General de Seguridad en 1969 fueron decisivos para que Puig Antich decidiera implicarse activamente en la lucha contra la dictadura franquista. Su primera militancia sería en las plataformas de Comisiones Obreras, formando parte de la Comisión de Estudiantes del Instituto Maragall. Ideológicamente, pronto evolucionó hacia posiciones anarquistas, que rechazaban cualquier tipo de dirigismo y jerarquía dentro de las organizaciones políticas y sindicales en la lucha de la clase obrera hacia su emancipación. Tras iniciar estudios universitarios de Ciencias Económicas, hace el servicio militar en Ibiza, donde es destinado a la enfermería del cuartel. Una vez licenciado, se incorpora al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), integrándose en su rama armada, en lucha contra el capitalismo. Los MIL no se consideraron un grupo en la línea del FRAP o ETA. Nunca atentaron contra fuerzas de seguridad ni pusieron bombas.
Puig Antich y sus compañeros se movían con facilidad en el mundo de la lucha clandestina. Puig participa, haciendo de chófer, en las acciones del grupo, que consistían generalmente en atracos a bancos. Los botines se destinaban a financiar las publicaciones clandestinas del grupo. Crearon la revista "CIA" [Conspiración Internacional Anarquista] y la editorial "Mayo 37". También se ofrecieron para ayudar económicamente a huelguistas, pero a éstos les daba miedo recibir un dinero proveniente de los atracos. Viajaban a menudo al sur de Francia, donde se relacionaban con viejos militantes cenetistas.
En agosto de 1973, el grupo se reunió en Francia para celebrar el congreso de autodisolución del MIL. El mes siguiente, tras el atraco a una oficina de La Caixa, empezaría una fuerte ofensiva policial contra los militantes del MIL.
El 2 de marzo de 1973 un contable de la sucursal del Banco Hispanoamericano de Barcelona resultó herido de gravedad durante un atraco perpetrado por Salvador Puig Antich, Jean Marc Rouillant, José Luis Pons Llobet y Jordi Solé Sugranyes. A partir de entonces la policía creó un grupo especial para desarticular esta banda. La nueva situación creó dudas y contradicciones en el seno del MIL. En agosto de 1973 la mayoría de sus miembros, descontentos con la trayectoria del grupo, decidieron su disolución. Sin embargo, Puig Antich, los hermanos Solé Sugranyes y José Luis Pons decidieron continuar.
El 15 de septiembre de 1973, en lo que fue el último atraco del MIL, en Bellver de Cerdanya la Guardia Civil detuvo a Oriol Solé y a José Luis Pons, mientras que Jordi Solé consiguió escapar a Francia. Unos días después la policía detuvo a la novia de Pons y a Santi Soler que, al ser interrogado, acabó confesando que tenía una cita el 25 de septiembre con Xavier Garriga en el bar El Funicular. Se preparó un operativo para ese día esperando detener a Garriga. Aunque no se esperaba la presencia de Puig Antich, finalmente los dos anarquistas son abordados. Garriga iba desarmado y no opuso resistencia. Puig se resistía al arresto, por lo que entre los inspectores Bocigas y Santorum y el subinspector Anguas trataron de reducirle con una zancadilla y mediante golpes en la cabeza con la culata de las pistolas. En ese momento le ocuparon una pistola Kommer, calibre 6,35 milímetros, cargada y sin montar. Sin embargo el forcejeo continuó y cinco policías introdujeron a Puig y a Garriga en un portal situado en el número 70 de la calle Girona. En ese momento se escuchó un disparo, que aprovechó Garriga para escapar, aunque fue perseguido por los policías Rodríguez y Algar y atrapado gracias a la colaboración ciudadana. Mientras tanto se produjo un tiroteo en el portal donde habían quedado Puig Antich, Bocigas, Anguas y Fernández Santorum, resultando malherido Puig Antich y muerto el subinspector Francisco Anguas Barragán, de 23 años.
Puig Antich fue encarcelado, acusado de ser el autor de los disparos que causaron la muerte a Anguas Barragán y, posteriormente, juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte "por la muerte de un funcionario público por razones políticas". Unos pocos partidos de extrema izquierda, colectivos de derechos humanos y mandatarios extranjeros, como el Vaticano o el canciller alemán Willy Brandt pidieron su indulto. En la opinión de los abogados, hermanas y novia de Puig Antich, hay amplia coincidencia en que para pedir el perdón para Puig Antich no se movilizaron los partidos y sindicatos tradicionales de oposición, ni hubo una presión popular en la calle. Salvador Puig Antich, de 25 años, pasó su última noche en la celda 443 de la cárcel Modelo de Barcelona, y fue ejecutado mediante garrote vil por el verdugo titular de la Audiencia de Madrid, Antonio López Sierra, en la sala de paquetería de la prisión el 2 de marzo de 1974 a las 9:20 horas de la mañana, certificando su muerte un capitán médico a las 9:40 horas. En muchos países de Europa se organizaron manifestaciones como protesta por la ejecución.
Puig Antich está enterrado en el Cementerio de Montjuïc (agrupación 14, nicho 2737).
Julián Grimau García fue político comunista español, nacido en Madrid en 1911 y fusilado en la misma ciudad en 1963.
En su juventud militó en Izquierda Republicana. Al estallar la guerra civil, ingresó en el Partido Comunista de España (PCE). Pasó la guerra en Barcelona, donde se dedicó a labores policiales (su padre, Enrique Grimau, había sido inspector de policía). Al ser derrotada la República, se exilió a Latinoamérica, estableciéndose posteriormente en Francia. Fue uno de los dirigentes del PCE durante la época franquista. En 1954, durante el congreso del partido celebrado en Praga, fue elegido miembro de su comité central. A partir de 1959 se haría cargo de la dirección del partido "en el interior", es decir, en España, donde tuvo que residir clandestinamente a lo largo de varios periodos.
Su actividad le hizo ser una de las personas más buscadas por la policía española. Tras su detención, fue juzgado por sus crímenes y fue fusilado por el régimen franquista.
La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. Más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. Aún hoy, numerosas ciudades de todo el mundo honran al madrileño con calles y edificios oficiales que llevan su nombre.
Julián Grimau en la Guerra Civil
El escritor y periodista de extensa trayectoría en el franquismo, Emilio Romero Gómez (Arévalo, Ávila, 1917 - Madrid, 2003) recogió en su libro Los papeles reservados, (diciembre 1985) una serie de documentos de testigos que aún vivían y recordaban las torturas realizadas por Julián Grimau en Barcelona durante la Guerra Civil. El periodista recoge testimonios directos de personas torturadas por Grimau. En ellos, se acusa a Grimau de torturas tan salvajes como palizas, aplicación de descargas eléctricas en los testículos, obligación de ingesta de los propios orines, entre otras. La única fuente localizada de este relato se encuentra en la página web de la Fundación Francisco Franco.
El proceso de Grimau
Grimau fue detenido en noviembre de 1962. La detención se produjo en un autobús en el que viajaban únicamente él y otros dos pasajeros, que resultaron ser agentes de la Brigada Político-Social (policía política). Obviamente, había sido delatado. Fue conducido a la Dirección General de Seguridad, situada en la madrileña Puerta del Sol, en el edificio conocido como Casa del Reloj, que hoy es sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí cayó por la ventana desde un segundo piso a un callejón, lo que le ocasionó graves lesiones en el cráneo y en ambas muñecas. Grimau explicó este hecho a su abogado declarando que en un momento dado de la sesión de tortura a la que fue sometido por sus interrogadores, le agarraron y le arrojaron por la ventana, esposado con las manos delante, razón por la cual se fracturó la frente y las muñecas. La policía, por boca del ministro de Información Manuel Fraga Iribarne, declaró por el contrario que Grimau recibió un trato exquisito y que en un momento de su interrogatorio se encaramó a una silla, abrió la ventana y se arrojó por ella de forma "inexplicable" y por voluntad propia.
Frente a todas las previsiones, Grimau no fue acusado por su militancia clandestina (lo que le habría valido una condena a prisión) sino por su actividad durante la guerra civil. Fue la última persona procesada y condenada en España como consecuencia de la guerra. La razón de ello es que, probablemente, el régimen quiso dar una lección a la oposición en un momento en el que existía una ola de alta conflictividad social y política. Grimau fue acusado por su trabajo como policía durante la guerra civil. Esa actividad, como todas las ejercidas por miembros de la administración republicana durante la guerra, era calificada de delito de rebelión militar. Aunque el delito se consiguiese probar, técnicamente había prescrito tras los 25 años transcurridos. El tribunal debía probar entonces que se trataba de un delito continuado. En concreto, a Grimau se le imputaban torturas y asesinatos en una checa (centro de detención político) de Barcelona. Dicha imputación, que no fue demostrada en el juicio, se le ha hecho también desde sectores anarquistas, que le acusan de haber sido un prominente miembro del Servicio de Información Militar (SIM) y de haber dirigido la represión contra los acusados del asesinato del agente del SIM Leon Narwicz en 1938. No parece sin embargo que existan pruebas documentales de ello. Además, estas fuentes sitúan la actividad de Grimau en Madrid, no en Barcelona. Sin embargo, a pesar de lo anterior, Jorge Semprún (Federico Sánchez), miembro del Comité Ejecutivo del PCE, escribió en su Autobiografía de Federico Sánchez lo siguiente:
A raíz de su detención [de Grimau], y sobre todo después de su asesinato, cuando participé en la elaboración del libro (Julián Grimau — El hombre — El crimen — La protesta, Éditions Sociales, 1963) que el Partido consagró a su memoria, fui conociendo algunos aspectos de su vida que ignoraba por completo mientras trabajaba con él en la clandestinidad madrileña. Así, por ejemplo, yo no sabía que Julián Grimau, pocas semanas después de comenzada la guerra civil, cuando todavía era miembro del Partido Republicano Federal —sólo se hizo comunista en octubre de 1936—, había ingresado en los Cuerpos de Seguridad de la República, trabajando primero en la Brigada Criminal de la policía de Madrid. Un día, mientras preparábamos la confección del libro ya citado, Fernando Claudín, bastante desconcertado y con evidente malestar y disgusto, me enseñó un testimonio sobre Grimau que acababa de recibirse de América Latina. Allí se exponía con bastante detalle la labor de Grimau en Barcelona, en la lucha contra los agentes de la Quinta Columna franquista, pero también —y eso era lo que provocaba el malestar de Claudín— en la lucha contra el POUM. No conservo copia de dicho documento y no recuerdo exactamente los detalles de esta última faceta de la actividad de Grimau, que el testigo de América Latina reseñaba como si tal cosa, con pelos y señales. Sé únicamente que la participación de Grimau en la represión contra el POUM quedaba claramente establecida por aquel testimonio, que fue edulcorado y censurado en sus aspectos más problemáticos, antes de publicarse muy extractado en el libro al que ya he aludido. Grimau fue procesado por un tribunal militar. No existían apenas en España militares con formación jurídica, por lo que bastaba con que fuera abogado el ponente o fiscal, encargado de asesorar a los presidentes del tribunal. En el caso del juicio a Grimau, ejerció de fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, que en realidad nunca había estudiado Derecho y desempeñaba el cargo, como muchas otras personas en la época, gracias a que podía declarar que sus títulos "se habían quemado durante la guerra" (fue desenmascarado un año más tarde, tras décadas de ejercicio, y condenado a prisión). El defensor era la única persona con formación jurídica de la sala: el teniente abogado Alejandro Rebollo (que sería diputado años después), a quien la defensa de Grimau le costaría el puesto.
El juicio se celebró en los juzgados militares de Madrid el jueves 18 de abril de 1963, con la sala atestada de periodistas. Para Rebollo, el juicio era nulo de pleno derecho (de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época y aun sin saber que el ponente era un impostor). Los delitos de torturas no fueron probados: los testigos de la acusación declararon que conocían los crímenes del acusado "de oídas", es decir a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse. Sólo estaba probado que, efectivamente, fue polícía. El delito continuado de rebelión era improbable dado que Grimau había pasado más de 20 años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta. Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se dictó como estaba previsto la condena a muerte.
En realidad, el juicio por "rebelión militar", en el que se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938, hacía previsible la sentencia. Este tipo de juicios sumarísimos en aplicación de una ley creada específicamente para aniquilar a los republicanos no se producía desde los años inmediatamente posteriores a la guerra. En su periodo de apogeo, acababan invariablemente con una sentencia de muerte, tanto que a menudo los bedeles del tribunal se permitían hacer sin reparos una broma macabra que se hizo famosa: "que pase la viuda del acusado". El fiscal Fernández Martín actuaba con frecuencia en estos juicios y su afición a la pena de muerte era también famosa.
Por otro lado, el Consejo de Ministros del 1 de abril de aquel año 1963 había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público, que pretendía dar carpetazo definitivamente a la legislación represiva aprobada en el marco de la guerra civil. A Grimau le habría correspondido ser juzgado por este tribunal, que no habría dictado pena de muerte sino de prisión. Por ello, para asegurarse de que Grimau sería ejecutado, Franco dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento.
La presión internacional
Precisamente por lo inusitado del procedimiento, eco de una guerra que por otro lado el franquismo parecía querer enterrar (comenzaban a prepararse los actos de los "veinticinco años de paz"), y porque se esperaba lo peor, desde el anuncio de los cargos contra Grimau se desató una reacción internacional de protesta y presión sin precedentes en ningún aspecto relacionado con España. La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. En algunos puertos, los estibadores se negaban a descargar los barcos españoles, y más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. La presión no pareció afectar al general Franco, que en su línea habitual la atribuyó a una "conspiración masónico-izquierdista con la clase política". Manuel Fraga, en su calidad de ministro de Información y Turismo, inició una intensa campaña dirigida a la prensa internacional atribuyendo a Grimau los mayores crímenes.
Tras la lectura de la sentencia, sólo cabía la posibilidad de que Franco conmutara la pena por otra de prisión. Numerosos jefes de Estado se pusieron en comunicación con él para hacerle esta petición, entre ellos el papa Juan XXIII y el líder soviético Nikita Jrushchov, lo que tampoco tenía precedentes: era la primera vez que un dirigente soviético se dirigía oficialmente al régimen franquista. Dentro de España, algunas personalidades cercanas al régimen pidieron también clemencia. El Consejo de Ministros, formado por 17 personas, se reunió el 19 de abril. Duró diez horas, aunque al parecer sólo Fernando Castiella, titular de Exteriores, y Vicente Fernández Bascarán, subsecretario del Ministerio de la Gobernación y ministro en funciones aquel día, manifestaron su oposición a la ejecución de la sentencia, alarmados por la presión internacional y las consecuencias que podía tener en la política exterior española. Su oposición fue sin embargo más bien tímida, ya que Franco finalmente exigió una votación y la decisión de firmar la sentencia se tomó por unanimidad.
Muerte de Grimau
Julián Grimau, entre tanto, pasaba en el cuartel militar del barrio de Campamento sus horas de capilla, es decir, las previas a la ejecución de la pena, en compañía de su abogado, de acuerdo con las ordenanzas militares. Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril, fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel, donde debía ejecutarse el fusilamiento. En principio, correspondía a la Guardia Civil formar el pelotón, pero sus mandos se negaron a hacerlo. El capitán general de Madrid rehusó también que el pelotón fuera integrado por militares de carrera, que era la segunda opción. Parece ser que fue el propio Franco quien dio la orden de que los ejecutores de Grimau fueran soldados de reemplazo, y así se hizo. Jóvenes, asustados y sin experiencia de tiro, según los testigos, dispararon a Grimau 27 balas sin lograr acabar con su vida. Fue el teniente que mandaba el pelotón quien hubo de rematar a Grimau de dos tiros en la cabeza. Según confesó años más tarde a la familia del fallecido, este acto le persiguió durante toda su vida, hasta el punto de que acabó sus días en un psiquiátrico. Julián Grimau fue enterrado en el cementerio civil de Madrid.
Durante la Guerra Civil, la represión fue violentísima en ambos bandos hacia los simpatizantes del bando contrario. En el bando republicano hacia religiosos, propietarios, empresarios y políticos de derechas, con un carácter muy descoordinado, dada la atomización de las fuerzas políticas y sociales que lo formaban y la falta de autoridad del Gobierno; en el bando nacional hacia sindicalistas, intelectuales, masones, políticos republicanos, de izquierdas y nacionalistas periféricos (maestrillos, mediquillos, abogadillos y demás chusma roja, se llegaba a enumerar), con una mayor coordinación y eficacia represora.
Véase también: Víctimas de la Guerra Civil Española, Víctimas de la persecución religiosa durante la Guerra Civil Española, Depuración del Magisterio español tras la Guerra Civil Española, y Anexo:Imputados por el Juez Garzón en la causa contra el Franquismo Existen dos categorías donde aparecen los artículos dedicados a las víctimas de la represión durante la guerra civil:
Víctimas de la represión en la zona republicana Víctimas de la represión en la zona franquista
Desde 1939, durante la primera etapa del franquismo, la condición de Estado Totalitario convertía cualquier actividad política fuera de Falange o sindical fuera del sindicato vertical en un acto de oposición al franquismo, y sujeta a la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. La Conspiración Judeo-Masónico-Comunista-Internacional era una de las obsesiones personales de Franco, que la creía responsable de todos los fracasos históricos de la nación española desde Felipe II, y desde luego, de la Guerra Civil. La solución era someter a una férrea represión a todo lo que sonara antiespañol.
Campos de concentración, condenas a muerte ejecutadas o conmutadas en largas condenas de cárcel, trabajos semiesclavos, fueron la suerte de miles de republicanos capturados tras la guerra. El exilio republicano, tanto el de los que huyeron como el llamado exilio interior de los perdedores que llevaron una vida oscura en España, es la otra cara de la represión.
El debate historiográfico sobre las cifras de la represión durante la Guerra y la Posguerra sigue vivo, y hasta en las cunetas puede encontrarse su huella. Se sigue discutiendo si hay o no que desenterrar a Federico García Lorca y muchos otros. Lo que se ha venido en llamar Recuperación de la Memoria Histórica es objeto aún en la actualidad de debates mediáticos y parlamentarios (Ley de extensión de derechos a los afectados por la Guerra Civil y la Dictadura, presentada por el Gobierno en el 2006 y aprobada por el Parlamento en el 2007).
La institucionalización de la represión
El estado de guerra en el bando republicano no fue declarado hasta casi perdida ésta, para evitar el protagonismo de los militares, mientras que en el bando nacional fue prolongado hasta bien entrados los años cuarenta (justificado por la Segunda Guerra Mundial y los maquis) para conseguir eso mismo. Esa circunstancia explica que bajo el franquismo, el ejército, a través de sus unidades (entre las que puede contarse la Guardia Civil) y de los tribunales militares fue desde la guerra civil la institución encargada de la actividad represora. Los miembros encuadrados en el Movimiento Nacional (que se podía ver como una organización paramilitar) también podían dedicarse puntualmente a acciones violentas, como lo había hecho la Falange de la República (la de la dialéctica de los puños y de las pistolas de José Antonio Primo de Rivera) en emulación con los grupos de izquierda.
Los tribunales militares establecen jurisprudencia en la represión y todos aquellos que se opusieron a la rebelión militar de Franco eran, paradójicamente, reos del delito de rebelión militar. Con la Ley de Responsabilidades Políticas de 29 de febrero de 1939, se amplía el espectro de los delitos. Por la Ley de 2 de marzo de 1940 se crea un Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo con el propósito de reprimir las organizaciones de oposición al franquismo. En 1944 se incluyen en el Código Penal otros delitos: la huelga, asociación ilegal, propaganda ilegal y reunión ilegal.
El asentamiento del Estado Nacional de Franco hizo que fuera necesario una institucionalización de la actividad represora, para la que se crearon específicamente dos instituciones principales: el Tribunal de Orden Público (TOP), y la Brigada Político Social.
Los delitos políticos y sindicales que habían sido juzgados por Tribunales Militares o por jurisdicciones especiales pasaron a serlo por el Tribunal de Orden Público (TOP) desde diciembre de 1963, el cual se va a convertir en el principal instrumento represivo de la actividad sindical y política de la etapa final de la dictadura y persistiendo hasta el 4 de enero de 1977.
La Brigada Político Social, además de los servicios de inteligencia militar, formaba parte de un sistema de información y represión en encuadrada en una policía renovada como Policía Armada (los popularmente llamados grises por el color de su uniforme y que eran los más visibles en la calle).
La Guardia Civil, que se había destacado durante la Guerra Civil como un cuerpo fiel al bando nacional, completaba el esquema con su tradicional despliegue territorial. Sacerdote, Guardia Civil y Alcalde (que era a la vez jefe local del Movimiento) solían coordinarse para emitir certificados de adhesión al Movimiento Nacional, de buenas costumbres, o bien de todo lo contrario, y ejercían el control sobre la población a una escala muy detallada, sobre todo en las zonas rurales.
La suavización de la actividad represora, que se produjo con altibajos a lo largo de los cuarenta años de franquismo, no significó que las actividades de la oposición al franquismo dejaran de producir detenciones, palizas, torturas, condenas de cárcel y apartamientos de la vida pública que podían considerarse como muertes civiles. En cuanto a las de verdad, hasta los últimos consejos de ministros se siguieron dando por enterado de cada pena de muerte.
La represión durante la Guerra Civil
Durante los primeros días, unas 50.000 personas que quedaron atrapadas en el bando contrario fueron ejecutadas mediante los llamados paseos. Estos eran realizados por grupos armados que iban a buscar a la gente a sus casas o las cárceles donde se hallaban presos y bajo el eufemismo de vamos a dar un paseo los llevaban a cualquier carretera o a las tapias del cementerio y los ejecutaban.
Posiblemente el más divulgado, por la personalidad del ejecutado, de tales ajusticiamientos, entre los llevados a cabo por el bando nacionalista, sea el del poeta y dramaturgo Federico García Lorca en el barranco de Víznar en Granada. También adquirió gran relevancia la masacre de Badajoz, perpetrada por las tropas sublevadas tras la toma de la ciudad. Por parte del bando republicano se puede citar el caso de los presos sacados de las cárceles de Madrid (entre los que se encontraba el dramaturgo Pedro Muñoz Seca) y ejecutados en la localidad de Paracuellos, hecho que se asocia con la figura de Santiago Carrillo, responsable de Orden Público en aquellos días.
En el contexto de la guerra fueron muchos los que se aprovecharon para realizar tan macabros actos, a veces por venganza sin relación con la propia contienda, y cuando una zona caía en manos de uno u otro bando, no tardaban en llegar los paseos. Especialmente cruel para la población fue el caso de las localidades que fueron intermitentemente ocupadas por ambos bandos, con las consiguientes y repetidas ejecuciones y venganzas.
En la zona bajo control de la República, los enfrentamientos entre milicias y facciones opuestas también sirvieron de coartada a episodios de represión sangrientos, como en el caso de los levantamientos populares de Barcelona en mayo de 1937.
El militar Ramón Salas Larrazábal estudió las cifras de víctimas que pudieron morir en estas retaguardias. Consideró, según sus estudios que todas las víctimas fueron inscritas en los Registros Civiles, haciendo un cálculo aproximado de las muertes de la Guerra. En el Anexo:Mortalidad en la Guerra Civil Española, por inscripción en juzgados, se puede ver un resumen de sus conclusiones. Sin embargo en estudios posteriores, y por ejemplo, en Navarra que el consideraba lugar testigo, se ha podido comprobar que las víctimas de la represión eran muy superiores a las cifras que él había calculado.
Lluís Companys pronunciando un discurso como presidente de Cataluña
Lluís Companys i Jover (Tarrós, 21 de junio de 1882 - Barcelona, 15 de octubre de 1940) es un político y abogado español, de ideología catalanista e independentista catalán, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1934 y durante la Guerra Civil Española. Tras la guerra se hizo un firme partidario de la legalidad de la II República española, por lo que de facto abandonó su independentismo.
Exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado y entregado al Estado español del Franquismo por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, siendo ejecutado por fusilamiento.
Segunda República
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 es elegido concejal del Ayuntamiento de Barcelona por Esquerra Republicana de Catalunya. A mediodía del 14 de abril accedió, con Amadeu Aragay, Lluhí i Vallesà y otros al balcón del Ayuntamiento y proclamó la República en Cataluña, deponiendo al alcalde accidental Antonio Martínez Domingo.
El 16 de abril de 1931 fue nombrado gobernador civil de Barcelona, cargo que ocupó hasta el mes de mayo en que fue sustituido por Carles Esplà.
El 28 de junio de 1931, con motivo de las Elecciones generales españolas de 1931, fue elegido diputado por Barcelona. Ejercerá la jefatura en las Cortes españolas del grupo parlamentario de Esquerra, interesándose por la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña, conocido como Estatuto de Nuria, con el mayor nivel posible de autogobierno, la agilización de los traspasos competenciales y la legislación agraria.
El 20 de noviembre de 1932, con motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 1932, fue elegido diputado del Parlamento de Cataluña por Sabadell. Posteriormente, el 19 de diciembre de 1932, fue elegido primer presidente del Parlamento de Cataluña.
Companys simultaneó las actas de diputado en las Cortes españolas y en el Parlamento de Cataluña que presidía hasta mediados de 1933, cuando abandonó la presidencia del parlamento catalán para integrarse en el gobierno de la Segunda República Española. Entre junio y noviembre de 1933, además, ocupó el cargo de Ministro de la Marina.
Al mismo tiempo, continuando con su afición a los trabajos en la prensa escrita que había iniciado en su juventud, desde noviembre de 1931 hasta enero de 1934 dirigió La Humanitat, el órgano oficial de ERC.
Tras la muerte de Francesc Macià, el 1 de enero de 1934 fue nombrado Presidente de la Generalidad de Cataluña. Durante el año 1934 impulsó la polémica Ley de Contratos de Cultivo, que le enfrentó con los grandes propietarios y con el Gobierno central.
Tras la entrada en el gobierno de la República de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y al convocarse la huelga revolucionaria de otoño en todo el país, el 6 de octubre de 1934 proclamó el "Estado Catalán" dentro de la República Federal Española desde el balcón de la Generalidad. Tras la intervención militar dirigida por el comandante en jefe de la cuarta división orgánica, el general Batet, Companys fue detenido junto con el gobierno en pleno y encarcelado en el buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona. Suspendido el Estatuto de autonomía de Cataluña es trasladado a Madrid, donde fue juzgado y condenado por rebelión el 6 de junio de 1935 por el Tribunal de Garantías Constitucionales, por diez votos a favor y ocho en contra, junto a todo el Gobierno catalán, a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Posteriormente se le trasladó al penal de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Guerra Civil
Liberado en 1936 tras la victoria del Frente Popular, en previsión de un posible golpe militar nombró al capitán Frederic Escofet como Comisario General de Orden Público de Cataluña.
Tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio en Barcelona, Companys decidió dejar partir por el puerto de Barcelona en barcos extranjeros a unas cinco mil personas sospechosas de poca simpatía con el régimen republicano cuya seguridad no podía garantizar en el clima de desbordamiento por la gran cantidad de asesinatos que se produjeron en la retaguardia en los días posteriores.
Durante toda la guerra encabezó el Gobierno de Cataluña tratando de mantener la unidad entre los partidos y sindicatos que le apoyaban. Sin embargo, esto fue muy difícil por las tensiones entre comunistas y socialistas agrupados en el Partit Socialista Unificat de Catalunya y anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo, apoyados estos últimos por el POUM.
A partir de octubre de 1937 se sucedieron sus enfrentamientos con el Gobierno republicano de Juan Negrín, instalado en Barcelona, y en abril de 1938, tras la ocupación de Lérida, escribió una amarga carta al presidente del Gobierno español, quejándose de las arbitrariedades que estaba cometiendo y de la marginación que sufría el Gobierno catalán.
Exilio
Lluís Companys según el escultor Josep Maria Subirachs.Tras la ocupación de Cataluña por las tropas franquistas, el 5 de febrero de 1939 se exilió a Perpiñán (Francia), trasladándose después a París para trabajar en la representación en el exilio de la Generalidad (Consell Nacional de Catalunya). Terminó sus días en La Baule-les-Pins (Loire-Atlantique) manteniéndose en Francia pese al peligro que corría en un intento por no perder el contacto con su hijo Lluís Companys i Micó (1911-1956), que padecía una grave enfermedad mental. Este hijo había sido fruto de su primer matrimonio con Mercè Micó, de la que se divorció para casarse con Carme Ballester, su segunda y última esposa. Fue allí donde fue arrestado por agentes alemanes de la Gestapo el 13 de agosto y extraditado el 29 de agosto de 1940.
La entrega al gobierno del general Franco se realizó a través de la frontera de Irún. Como había sido juzgado en rebeldía en aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidades Políticas (Conocida como la ley de la justicia al revés) por un tribunal especial de Barcelona sólo tuvo que ser juzgado y sentenciado por Adhesion a la rebelión militar, en una jornada en consejo de guerra por un tribunal militar sumarísimo sin garantías. Fue sin dilación fusilado en el foso de santa Eulàlia del Castillo de Montjuic, el día 15 de octubre de 1940. No quiso que se le pusiera una venda en los ojos y se dice que murió diciendo:
Assessineu un home honrat. Per Catalunya!!! ("Asesinais a un hombre honrado. ¡¡¡Por Cataluña!!!".)
La masacre de Badajoz se produjo en los días posteriores a la Batalla de Badajoz, durante la Guerra Civil Española, y fue el resultado de la represión ejercida por el ejército sublevado contra civiles y militares defensores de la II República, tras la toma de la ciudad de Badajoz por las fuerzas sublevadas contra la II República española, que se llevó a cabo el 14 de agosto de 1936 por la noche y el 15 de agosto de 1936 por la mañana.
Constituye uno de los sucesos más controvertidos de la guerra, pues el número de víctimas de esta matanza varía ostensiblemente dependiendo de los historiadores que la han investigado. Además, al resultar vencedor de la contienda el bando sublevado, jamás se produjo una investigación oficial sobre lo sucedido en la ciudad extremeña. En cualquier caso, las estimaciones más comunes apuntan que entre 2.000 y 4.000 personas fueron ejecutadas, en unos hechos tipificados por varias asociaciones de derechos humanos como crímenes contra la humanidad. También se considera probado que se cometió genocidio, y desde 2007 existen varias denuncias interpuestas para tal consideración.
Al mando de las tropas que perpetraron la masacre de Badajoz se encontraba el general Juan Yagüe, quien, tras la guerra civil, fue nombrado ministro del Aire por el general Franco. A partir de estos hechos, Yagüe fue popularmente conocido como el carnicero de Badajoz.
Según el censo, Badajoz tenía 41.122 habitantes en 1930, por lo que de ser correcta la cifra de 4.000 ejecutados, el porcentaje de represaliados alcanzaría el 10% de la población.
La ocupación de Badajoz formó parte del avance desde Andalucía del ejército sublevado hacia el norte de la península. Su asalto era vital para ellos, pues significaba la unión del ejército del sur con el del general Mola que dominaba el norte. La ciudad se encontraba aislada tras la caída de Mérida unos días antes. El asedio fue llevado a cabo por 2.250 legionarios, 750 regulares marroquíes, y cinco baterías de artillería, al mando del entonces teniente coronel Juan Yagüe. El ataque final se produjo la tarde del 14 de agosto, tras bombardear la ciudad por tierra (a través de la artillería) y aire (mediante bombarderos alemanes Junkers Ju 87, los famosos Stukas) durante la mayor parte del día. El recinto amurallado era defendido por unos 3.000 milicianos republicanos y 500 soldados, al mando del coronel Ildefonso Puigdendolas. Tras abrir una brecha en las murallas por el este, junto a la Puerta de la Trinidad, y lograr el acceso también a la alcazaba, por la Puerta de Carros, se produjo una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, y la ciudad cayó en manos del ejército sublevado.
La masacre
Antecedentes
La situación en Extremadura al estallar la guerra civil el 18 de julio de 1936, contenía una serie de aditamentos que la diferenciaban del resto del país, especialmente debido a la Ley de Reforma Agraria, que otorgó a los campesinos (más del 50% de la población activa) la posibilidad de ser dueños de las tierras que trabajaban, a través de la expropiación a los latifundistas y que produjo un enorme enfrentamiento entre clases sociales, sobre todo cuando en marzo los campesinos de Badajoz decidieron acelerar la entrada en vigor de la ley e invadieron las fincas a las que iba a afectar.
Desde el estallido de la guerra, se habían producido en la zona algunos sangrientos sucesos, denominados como "represión republicana" que resultaron fatales para el desenlace de Badajoz, pues generales como Queipo de Llano o Juan Yagüe promovieron acciones criminales ejemplarizantes para castigar estas matanzas.
Tanto el historiador Francisco Espinosa (La columna de la muerte, 2001), como el ex alcalde socialista y hoy diputado provincial Cayetano Ibarra (La otra mitad de la historia que nos contaron, 2005), relatan estos hechos, especialmente Cayetano Ibarra, que escribe en el libro citado:
Localidades como Almendralejo, Azuaga, Burguillos del Cerro, Campanario, Campillo de Llerena, Quintana, etc., fueron escenarios de la represión republicana en los primeros momentos del alzamiento. Pero en ninguno de estos lugares, como en Fuente de Cantos, los hechos ocurridos como reacción de las izquierdas ante la sublevación militar, se producen de forma tan inmediata.
Los hechos a los que se refiere el texto fueron el encierro de 56 personas en una iglesia de Fuente de Cantos, y la quema posterior de ésta, entre el 18 y 19 de julio de 1936. Perecieron 12 personas, ocho de ellas quemadas. Según cuenta Cayetano Ibarra en este libro, las tropas franquistas, tras la toma del pueblo, matarían a unas 300 personas.
Esta operación se repitió en Almendralejo el 7 de agosto con los encerrados en la cárcel, de los que 28 fueron ejecutados, y en Badajoz, donde también se produjeron ejecuciones entre los partidarios del bando franquista.
Acontecimientos
Una enorme hilera de cadáveres quemados en el interior del viejo cementerio pacense. Debido al enorme volumen de la masacre, los ejecutores decidieron incinerar los cuerpos antes de enterrarles en fosas comunes. Imagen exhibida en la exposición no permanente de 2006 en la Biblioteca Nacional. Portada del Diário de Lisboa del sábado 15 de agosto de 1936. El titular dice: "Badajoz ha sido entregada a los legionarios y regulares marroquíes.""Escenas de horror y desolación en la ciudad conquistada por los rebeldes." La crónica la firma Mário Neves e incluye la entrevista con Juan Yagüe, donde le informa que ya hay 2.000 fusilados.Durante toda la jornada, se produjeron asesinatos por las calles de la ciudad, incluso de bebés de escasos meses, sobre todo a cargo de legionarios moros. El mismo día 14, Yagüe ordenó el confinamiento de todos los prisioneros -la mayoría civiles- en la plaza de toros. Se instalaron focos en los tendidos para iluminar la arena, y esa noche, comenzaron las ejecuciones indiscriminadas y sin juicios previos. Según artículos publicados por los corresponsales de Le Populaire, Le Temps, Le Figaro, Paris-Soir, Diário de Lisboa y Chicago Tribune se produjeron ejecuciones en masa, y las calles aparecían sembradas de cadáveres. Durante la primera jornada, existen testimonios de que hubo mil fusilados. El periodista norteamericano Jay Allen, en su crónica para el Chicago Tribune habló de 1.800 víctimas (hombres y mujeres) sólo la primera noche.
El 15 de agosto, el enviado de Le Temps, Jacques Berthet, enviaba su crónica:
"alrededor de mil doscientas personas han sido fusiladas (…) Hemos visto las aceras de la Comandancia Militar empapadas de sangre (…) Los arrestos y las ejecuciones en masa continúan en la Plaza de Toros. Las calles de la ciudad están acribilladas de balas, cubiertas de vidrios, de tejas y de cadáveres abandonados. Sólo en la calle de San Juan hay trescientos cuerpos (…)". El 18 de agosto, Le Populaire publicaba:
«Elvas, 17 de agosto. Durante toda la tarde de ayer y toda la mañana de hoy continúan las ejecuciones en masa en Badajoz. Se estima que el número de personas ejecutadas sobrepasa ya los mil quinientos. Entre las víctimas excepcionales figuran varios oficiales que defendieron la ciudad contra la entrada de los rebeldes: el coronel Cantero, el comandante Alonso, el capitán Almendro, el teniente Vega y un cierto número de suboficiales y soldados. Al mismo tiempo, y por decenas, han sido fusilados los civiles cerca de las arenas».
El martes 18 de agosto, el Premio Nobel de Literatura francés François Mauriac, publicó en primera plana de Le Figaro un artículo sobre los sucesos de Badajoz que conmocionó a Europa. El 30 de agosto apareció en el Chicago Tribune el famoso artículo de Jay Allen (ver recuadro inferior), en el que narró con gran crudeza los terribles sucesos que había presenciado durante su estancia en la ciudad.
El periodista portugués Mário Neves fue uno de los testigos de primera mano de los sucesos de Badajoz, en las crónicas que remitió al Diário de Lisboa, algunas de las cuales fueron censuradas por el gobierno de António de Oliveira Salazar, afín al bando franquista. Neves regresó a Portugal horrorizado por el espectáculo del que había sido testigo, y se juró no volver jamás a Badajoz, pero lo hizo en 1982, para recorrer los lugares donde presenció estos hechos en un documental para televisión.
El método para las ejecuciones fue el fusilamiento o ametrallamiento indiscriminado en grupo de personas participantes en la defensa de la ciudad o sospechosas de simpatizar con la República. Fueron llevadas a cabo por los legionarios y regulares moros procedentes del norte de África, fuerzas de la Guardia Civil y mandos locales de Falange Española (sobre este punto hay diversas versiones que apuntan que los regulares moros no participaron en la represión, pues partieron inmediatamente al frente). Posteriormente, la mayoría de los cuerpos fueron quemados junto a las tapias del Cementerio de San Juan. Según testimonios de algunos supervivientes, los fusilamientos se producían en grupos de 20, y luego se trasladaban los cadáveres en camiones al antiguo cementerio, donde eran incinerados y posteriormente depositados en fosas comunes. También se produjeron fusilamientos en otras zonas de la ciudad. Entre los represaliados se encontraban hombres y mujeres afectos a la República, obreros, campesinos, militares que participaron en la batalla, autoridades locales o simples sospechosos.
Tras la caída de la ciudad, el alcalde Sinforiano Madroñero y el diputado Nicolás de Pablo, ambos socialistas, cruzaron la frontera y huyeron a Portugal, pero fueron localizados por efectivos del régimen portugués y entregados a las tropas franquistas, que los fusilaron en Badajoz el 20 de agosto, frente a un frontón y sin juicio previo.
Posteriormente aparecieron testimonios, publicados el 27 de octubre por el diario La Voz, de Madrid, de que los fusilamientos en la plaza de toros fueron convertidos en una fiesta por los ejecutores, con público en sus gradas presenciando las matanzas, y que incluso algunas víctimas fueron banderilleadas y mutiladas, aunque este extremo nunca pudo ser verificado. En cambio, sí existen evidencias del sadismo con que fue llevado a cabo el exterminio. Tras conocer estos hechos, la propaganda franquista publicitó algunas leyendas y mitos para intentar ocultar la masacre, y algunos de los cronistas internacionales fueron desprestigiados o amenazados.
